En el marco del paro nacional docente convocado por CTERA, el Gobierno nacional advirtió que podría avanzar con sanciones por obstrucción contra las autoridades que impidan la fiscalización en las escuelas para verificar el cumplimiento del servicio mínimo.
La administración de Axel Kicillof formalizó su postura mediante un comunicado dirigido a las autoridades educativas bonaerenses. Allí informó que presentó un escrito ante la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, para solicitar que se abstenga de requerir información a las instituciones provinciales con el fin de controlar los “pisos de prestación mínima” establecidos en la Ley de Modernización Laboral.
Desde la Provincia sostuvieron que el artículo 6 de la Constitución Nacional impide que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre competencias reservadas a las provincias sin el correspondiente proceso político-parlamentario. En ese sentido, calificaron la medida como “un avance ilegítimo sobre la autonomía local”.
El documento también instruye a las autoridades educativas a no responder los requerimientos de la Nación. “En este sentido, las dependencias a su cargo y a las autoridades de los establecimientos educativos deberán, ante cualquier requerimiento de informes de origen nacional, limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría Nacional”, señala el texto.
Además, agrega: “Comunicamos a los inspectores, jefes regionales y distritales y equipos de conducción la improcedencia de realizar cualquier tipo de declaración y suministrar información a agentes de extraña jurisdicción respecto de instituciones educativas provinciales”.
Frente a esa decisión, fuentes oficiales indicaron que impedir el acceso a la información requerida podría derivar en denuncias por obstrucción a la autoridad contra los responsables de los establecimientos.
En esa línea, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en declaraciones a Radio La Red afirmó: “Uno espera que la autoridad de la escuela efectivamente brinde la información. Esto es como cualquier inspección laboral, si a uno no lo dejan pasar o no le brindan la información es obstrucción de la autoridad y se le abre un acta”.
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano reunió el domingo al Consejo Federal de Educación para analizar los mecanismos que permitan garantizar el 75% de la actividad escolar, tal como establece la nueva Ley de Modernización Laboral, que declaró a la educación un servicio esencial.
Con ese objetivo, la Secretaría de Trabajo dispuso que inspectores de las 43 agencias territoriales realicen un muestreo en todo el país para comprobar si se cumple el nivel mínimo de prestación. “Si no se cumple, se inicia un proceso concreto y específico para aplicar todas las sanciones que correspondan”, remarcó Cordero.
Según precisaron desde el Gobierno, las eventuales sanciones no recaerán sobre los docentes que participaron de la huelga, sino sobre los sindicatos que convocaron a la medida. En caso de incumplimientos reiterados, la normativa contempla incluso el retiro de la personería gremial.
