El Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje para destrabar el conflicto que afectaba la operatoria portuaria y anunció una reducción del 20% en las tarifas del servicio.
Como parte del entendimiento, el Ejecutivo también resolvió suspender la aplicación del decreto que modificó el régimen de practicaje y conformará una mesa técnica para revisar los principales puntos de la normativa. Según informó oficialmente, ese ámbito estará integrado por las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos con competencia en la actividad.
Las conversaciones se centrarán en aspectos tarifarios, operativos y de seguridad que generaron diferencias tras la publicación del decreto. En la Casa Rosada destacaron que la rebaja del 20% en las tarifas constituye el principal resultado de la negociación, aunque el comunicado oficial no especificó sobre qué cuadro tarifario se aplicará el recorte, si alcanzará a todos los servicios y zonas de navegación ni la fecha exacta de su entrada en vigencia.
El decreto impulsado por el Gobierno buscaba ampliar la competencia, reducir los casos en los que el servicio es obligatorio, flexibilizar el traslado de los prácticos hacia las embarcaciones e incorporar mayores exigencias de transparencia en materia de tarifas. También contemplaba topes de precios y nuevas excepciones para determinados buques y capitanes.
Mientras el Ejecutivo defendía la iniciativa al considerar que el esquema vigente generaba costos superiores a los de otros puertos y limitaba la competencia, los representantes del sector advertían que algunas modificaciones podían disminuir los controles técnicos y elevar los riesgos durante las maniobras.
El rol del practicaje
Los prácticos son profesionales especializados que asisten a los capitanes durante las maniobras de ingreso, salida y navegación en puertos, ríos y canales. Si bien el capitán mantiene el control y la responsabilidad sobre la embarcación, el práctico aporta el conocimiento técnico de cada zona. Desde 1991, el practicaje y el pilotaje están considerados un servicio público vinculado con la seguridad de la navegación y son fiscalizados por la Prefectura Naval.
El conflicto había provocado la paralización de al menos 140 buques mercantes, afectando terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova. También impactó en la cadena energética al demorar el ingreso de petróleo a refinerías, el transporte marítimo de combustibles y las exportaciones de crudo, con especial preocupación por el abastecimiento de la Patagonia sur.
