El sistema universitario público argentino enfrenta una nueva escalada de tensiones ante la falta de respuestas del gobierno nacional a sus demandas históricas: recomposición salarial, paritarias urgentes y un presupuesto que garantice su supervivencia. Con un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo Universitario en camino al Congreso, la comunidad académica –docentes, no docentes y estudiantes– prepara una marcha federal para fines de mayo, mientras las universidades más pequeñas advierten que no llegarán a fin de año con los recursos actuales.

La advertencia no es nueva. En febrero de este año, #BORDER reportó que el inicio de clases en las universidades públicas peligraba por el conflicto salarial docente. Hoy, lejos de resolverse, la crisis se profundiza. El gobierno de Javier Milei continúa administrando sin presupuesto oficial (aprobado en 2023), mientras las casas de estudio sobreviven con partidas que apenas cubren servicios básicos como luz, gas y materiales.

Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), fue contundente: "Las universidades más pequeñas no pueden sostenerse hasta diciembre con este presupuesto. Las grandes, como Buenos Aires, La Plata o Córdoba, tienen más recursos, pero el sistema en su conjunto está al borde del colapso".

El plan de lucha: de la visibilización a la marcha federal

Tras un plenario unánime, CONADU y 23 gremios de base definieron un cronograma de acciones:

Semana del 19 al 23 de mayo: Jornadas de protesta en todas las universidades, con actividades para exponer el recorte presupuestario y su impacto en la educación.

Última semana de mayo: Una marcha nacional hacia el Congreso, coincidiendo con la presentación del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo Universitario, elaborado por sindicatos, estudiantes y autoridades.

El proyecto busca no solo recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023 (con pérdidas salariales estimadas en 40%), sino también establecer un piso inflacionario para futuras paritarias y garantizar fondos para becas, ciencia y mantenimiento edilicio.

Las universidades pequeñas, las más golpeadas

Mientras las megauniversidades (UBA, UNLP, UNC) resisten con sus reservas, instituciones del interior –como las de Jujuy, Formosa o Chaco– enfrentan un panorama crítico. "Solo podemos pagar servicios básicos. No hay margen para investigaciones, subsidios o mejoras salariales", explicó un rector de una universidad del NOA.

El dato no es menor: en 2024 ya hubo dos marchas multitudinarias que forzaron pequeños acuerdos, pero sin cambios estructurales. El Ejecutivo, en tanto, insiste en su discurso de "ajuste fiscal" y desfinanciar áreas que considera "ineficientes", incluyendo a las universidades públicas.

Antecedentes de una pulseada distributiva

La puja por el presupuesto universitario es un conflicto recurrente, pero se agravó desde 2023:

Diciembre 2023: El Congreso aprobó un presupuesto que ya era insuficiente para las universidades, con aumentos por debajo de la inflación.

Marzo 2024: Paros docentes masivos y la primera marcha federal, que reunió a más de 100 mil personas sólo en Buenos Aires. Se estima que marcharon alrededor de un millón en todo el país.

Abril 2024: El gobierno liberó partidas mínimas para salarios, pero sin cubrir la inflación acumulada.

"El Ejecutivo demostró desprecio por el diálogo. La ley es nuestra herramienta para que el Congreso, representando a la sociedad, dé una respuesta", insistió De Feo.

¿Qué viene ahora?

Con la marcha de mayo como próxima batalla, la comunidad universitaria apuesta a presionar al Legislativo. Pero en un escenario donde el oficialismo controla la caja y prioriza el superávit fiscal, el conflicto parece lejos de cerrarse. Mientras tanto, las aulas siguen abiertas, pero con un interrogante: ¿hasta cuándo?

Lo que hay que recordar:

Las universidades públicas operan con el presupuesto 2023, ajustado por decretos.

Docentes pierden entre 30% y 40% de su salario real desde diciembre.

El proyecto de financiamiento incluye recomposición salarial y fondos para ciencia y becas.

Las universidades del interior son las más afectadas por la falta de recursos.

En un país donde la educación pública fue históricamente un orgullo, la pregunta ronda en los pasillos: ¿Estará el gobierno dispuesto a negociar, o el ajuste llegará hasta el cierre de carreras y facultades? Por ahora, la calle será el termómetro.