La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un nuevo intento por frenar el decomiso de bienes que alcanzaría a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.
Según informó la periodista Cindy Monzón del medio TodoNoticias, se trata de la última instancia judicial disponible para cuestionar la decisión que habilita el recupero de 19 inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz, propiedades que fueron transferidas por Néstor Kirchner y por la propia exmandataria a sus herederos.
En el escrito presentado ante el máximo tribunal, la defensa cuestionó el criterio adoptado por el Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que con esa resolución “se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado".
Los abogados de la exjefa de Estado remarcaron que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.
Asimismo, sostuvieron que las propiedades “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.
La controversia se originó luego de que el TOF 2 aceptara el planteo de la fiscalía e incluyera esos inmuebles dentro del conjunto de bienes alcanzados por el decomiso. Según el tribunal, las propiedades debían ser consideradas porque “fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.
La situación quedó aún más comprometida para la exvicepresidenta a fines de mayo, cuando la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la medida y ratificó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.
En ese fallo, los magistrados sostuvieron que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.
La resolución dejó firme un decomiso superior a los 684.000 millones de pesos y habilitó el eventual remate de activos para concretar el resarcimiento económico al Estado.
La defensa de la ex presidenta insistió en que ni Máximo ni Florencia fueron condenados en la causa y que, por ese motivo, sus bienes no deberían formar parte de los activos alcanzados por la medida. También advirtió que la decisión implica “una lesión al derecho de propiedad” y una vulneración de “los principios de inocencia y debido proceso”.
En el nuevo recurso, los abogados señalaron además que el Ministerio Público Fiscal mantiene la posibilidad de identificar otros bienes que cumplan con las condiciones exigidas para el recupero patrimonial.
