El gobierno anunció que avanzará con el cierre de otros dos organismos públicos, luego del desmantelamiento del INADI y el cierre de la agencia estatal de noticias Télam. Serán el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Estos cierres implican el despido de 900 empleados. 

La noticia fue confirmada por el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa. “Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en la que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, manifestó el funcionario, quien criticó la “la fiesta que había del gasto público”.

“Tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”, relató el vocero. 

“Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”, completó. 

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue creado por decreto (729/2022) durante la gestión de Alberto Fernández a finales de 2022. Este ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, estaba a cargo de Miguel Gómez, dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.

El anuncio del cierre de este organismo sucede horas después de realizarse la denuncia contra Pérsico por “fraude a la administración pública” realizada por el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. El hecho tuvo lugar luego de que se detectara que la Oficina Anticorrupción había dictaminado en su contra en un expediente en el que se lo señala por ubicarse como “juez y parte” a la hora del reparto de fondos de ayuda social. Pérsico fue acusado de haber entregado partidas millonarias a organizaciones que él mismo dirigía.

Durante su paso por el gobierno nacional, Pérsico, quien lidera el Movimiento Evita, comandaba la administración de partidas millonarias de fondos públicos destinados a la asistencia de organizaciones. 

Dichas organizaciones, a su vez, buscaban contener la situación de pobreza en barrios y sectores precarizados de la ciudadanía. El Movimiento Evita se encontraba entre los receptores de esos fondos.

Según la denuncia, Pérsico aprovechó su cargo “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”.

Uno de los ejes de la política social del gobierno de Javier Miley es la eliminación de los intermediarios en el reparto de la ayuda social que el gobierno otorga con recursos públicos. Esto significó el recorte de todas las partidas que recibían organizaciones civiles, como las que los movimientos piqueteros administraban, las cuales no formaban parte del Poder Ejecutivo. 

“Habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas) queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública”, se lee en la denuncia.