Durante el segundo día de debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el gobierno envió un nuevo texto que contiene diversas modificaciones con el fin de que el megaproyecto tenga luz verde en el Congreso.

El texto ahora contiene varios artículos nuevos, que van el línea con los reclamos de la oposición. Con esto, el Ejecutivo busca destrabar dos de los puntos que corrían riesgo de caer rechazados: privatizaciones y facultades delegadas.

En el primer caso, finalmente sólo podrán ser vendidas 30 empresas estatales, en lugar de 39, como pedía el texto anterior. Este listado incluye tres empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT. Aunque la oposición tiene un posicionamiento muy crítico de esta iniciativa, ya que las considera estratégicas.

Entre las empresas que quedaron fuera de la lista se destacan Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.

Este nuevo capítulo se divide en tres artículos, con sus respectivos anexos, que contienen listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales.
Con el fin de promover la transparencia del proceso de privatización, una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores deberá ser informada por el Ejecutivo acerca de cómo será la modalidad y el procedimiento escogido para vender las empresas.

Así mismo, se le deberá informar del pliego de condiciones 15 días antes de su publicación y cualquier circunstancia relevante que se produzca. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con la bicameral.

Además, antes de que se inicie el proceso de privatización la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá publicar un informe integral sobre la empresa que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos, y ese informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral.

El otro punto, el de emergencias y las facultades delegadas, es el otro escollo que el gobierno deberá sortear si desea darle luz verde al proyecto.

Desde los sectores dialoguistas reconocieron que las posiciones se acercaron cuando el oficialismo eliminó la emergencia fiscal y previsional.

El proyecto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Este plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año.

Además, el oficialismo decidió mantener -en el artículo 73- la derogación del artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública (N° 27.612), conocida como “Ley Guzmán”, la cual ponía límites a la toma de deuda en dólares con legislación extranjera. Como no hay acuerdo ni con Hacemos Consenso Federal ni con el radicalismo, ese punto se encamina a ser rechazado ya que defienden la potestad del Congreso de controlar al Ejecutivo.

Luego del segundo cuarto intermedio, la sesión se reanudará este viernes a las 10 de la mañana.

Ley Ómnibus: cómo está la discusión en el Congreso

Pasada la medianoche, el oficialismo propuso interrumpir la discusión parlamentaria, mientras continúan negociando los artículos clave sobre los que aún no hay acuerdo. Algunos de los mismos se refieren a la potestad de tomar y reestructurar deuda y los cambios en seguridad.

A pesar de todas las modificaciones planteadas, un sector de diputados radicales alineados con Facundo Manes se mantiene firme en el rechazo de facultades delegadas y pretende que las privatizaciones se debatan “ley por ley” en el Congreso.

Mientras la Coalición Cívica se muestra inflexible sobre las facultades delegadas, Hacemos Coalición Federal se dio libertad de acción a la hora de la votación en particular.

Por su parte, los diputados de Córdoba Federal, referenciados en el gobernador Martín Llaryora, amenazan con retirar apoyos si no son escuchados los reclamos de los mandatarios provinciales a los que el gobierno prometió un nuevo pacto fiscal.

El debate continuará con más de 30 oradores y estiman que la votación en general será hoy cerca de las 14.