El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno propondrá que los delitos sexuales sean considerados imprescriptibles en la reforma del Código Penal que será enviada próximamente al Congreso.
La iniciativa surge tras el fallo de la Corte Suprema que benefició al exsacerdote Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abusos cometidos contra seminaristas en la década de 1980.
Con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró la prescripción de la acción penal al considerar que los hechos ocurrieron entre 1985 y 1993 y fueron denunciados recién en 2012.
Frente a la polémica generada, Cúneo Libarona expresó a través de su cuenta de X: “Los delitos sexuales no deberían prescribir. Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que enviaremos al Congreso, propondremos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales”.
Los delitos sexuales NO deberían prescribir.
Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que enviaremos al Congreso, propondremos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. pic.twitter.com/OKpAoy57NI
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) July 2, 2025
El caso Ilarraz volvió a generar conmoción en la opinión pública. El exsacerdote se desempeñó como prefecto de disciplina en el Seminario Menor de Paraná, Entre Ríos. Durante su paso por esa institución, fue acusado de abusar sexualmente de al menos siete menores de entre 12 y 14 años, muchos de ellos hijos de familias humildes que confiaban en la formación religiosa que ofrecía la Iglesia.
En 2012, la revista Análisis de Paraná publicó una investigación que destapó los abusos, lo que motivó la apertura de una causa judicial iniciada de oficio. El proceso judicial se extendió durante casi seis años y concluyó con una condena a 25 años de prisión. Sin embargo, la defensa de Ilarraz planteó la prescripción de la causa, lo que fue debatido en las distintas instancias judiciales.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos consideró que, dada la gravedad de los hechos y el vínculo de subordinación entre el abusador y sus víctimas, correspondía aplicar estándares internacionales que impiden la prescripción de los delitos sexuales. No obstante, la Corte Suprema revocó ese criterio.
“La acción penal en su contra está prescripta —cuanto menos— desde el año 2005”, afirmó el fallo de la Corte, al remarcar que los hechos ocurrieron más de tres décadas atrás y fueron denunciados casi veinte años después.
El pronunciamiento del máximo tribunal generó rechazo en distintos sectores y reabrió el debate sobre la necesidad de modificar la normativa vigente para evitar situaciones similares en el futuro. Con su propuesta, el Gobierno busca saldar esa deuda pendiente y garantizar que las víctimas de delitos sexuales puedan acceder a justicia sin limitaciones temporales.
La medida se enmarca en la reforma integral del Código Penal, que será presentada al Congreso en los próximos meses como parte del plan de transformación judicial del Ejecutivo.
