En una decisión que marca un cambio significativo en la política tributaria del país, el Gobierno habría llegado a un acuerdo con los bloques de la UCR y de Hacemos Coalición Federal para restablecer el piso de Ganancias en $1.800.000 para trabajadores solteros y $2.200.000 para aquellos casados con dos hijos. La medida no solo representaría un alivio para los trabajadores, sino también un giro sorpresivo en la estrategia fiscal del Gobierno.

La historia de Ganancias fue una montaña rusa en términos políticos y económicos. Recordemos que el año anterior, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, lideró la eliminación del piso de Ganancias bajo el argumento de considerar al salario como una retribución justa al trabajo, no como una ganancia sujeta a tributación. Esta movida recibió críticas tanto de la oposición como de sectores de la sociedad que percibían la eliminación del piso como un retroceso en términos de equidad fiscal.

Sin embargo, desde entonces, el debate sobre Ganancias ha sido un tema recurrente en la agenda política. La presión de diversos sectores, incluidos sindicatos y grupos de contribuyentes afectados, llevó al Gobierno a reevaluar su postura. Además, la oposición no ha dejado de señalar las consecuencias negativas de la eliminación del piso de Ganancias, especialmente en un contexto de creciente inflación y deterioro económico.

La situación se volvió aún más urgente con el advenimiento de una nueva crisis económica y social extraordinaria. Ante este escenario, el Gobierno se vio obligado a reconsiderar su posición y buscar alternativas para aliviar la carga fiscal de los trabajadores.

El acuerdo alcanzado con los bloques de la UCR y de Hacemos Coalición Federal marca un hito importante en este proceso. No solo representa un retorno al debate sobre Ganancias, sino también un compromiso político para encontrar soluciones equitativas y sostenibles en términos fiscales. La propuesta de establecer un piso de Ganancias y aplicar una escala progresiva de tributación, junto con la actualización por IPC, refleja un intento por equilibrar las necesidades de recaudación del Estado con la justicia fiscal para los contribuyentes.

Ahora, el desafío reside en la implementación efectiva de esta medida y en su impacto en la economía y la sociedad. ¿Logrará el Gobierno encontrar el equilibrio adecuado entre la necesidad de recaudación y la protección del bolsillo de los trabajadores? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, este acuerdo representa un paso significativo hacia adelante en la búsqueda de un sistema tributario más justo y equitativo para todos los argentinos.