Diez prófugos iraníes y libaneses serán juzgados en ausencia por el atentado contra la sede de la AMIA del 18 de julio de 1994, por primera vez en la historia judicial argentina.
Así lo dispuso el juez federal Daniel Rafecas, al avalar un planteo de la Unidad Fiscal AMIA que se apoyó en la reciente reforma del Código Penal que permite procesos penales contra imputados que se encuentren fuera del país y eludiendo sistemáticamente a la Justicia.
Los acusados que enfrentarán el juicio oral sin estar presentes físicamente en el país son Alí Fallahijan (ex ministro de Inteligencia de Irán entre 1989 y 1997); Alí Akbar Velayati (canciller iraní durante más de una década); Mohsen Rezai (encabezó la Guardia Revolucionaria iraní en los años previos al atentado); Ahmad Vahidi (ex jefe de una rama de elite de la Guardia Revolucionaria); Hadi Soleimanpour (embajador iraní en Argentina en 1994).
También Mohsen Rabbani (religioso iraní acreditado como consejero cultural en la embajada); Ahmad Reza Asghari (tercer secretario en la embajada iraní en Buenos Aires); Salman Raouf Salman (libanés con documentación colombiana); Abdallah Salman (habría sido asistente del anterior sospechoso mencionado) y Hussein Mounir Mouzannar (libanés con vínculos con los dos anteriores apuntados).
Todos ellos están señalados por la Justicia como responsables de planificar y ejecutar el atentado que se cobró la vida de 85 personas a través del grupo Hezbollah. Tienen desde 2006 pedido de captura internacional y alerta roja de Interpol, pero nunca fueron detenidos.
La mayoría reside en Irán, país que no extradita a sus ciudadanos y que logró que las alertas no se activen durante sus desplazamientos en el exterior.
"Han sido declarados rebeldes hace años y, a pesar de saber perfectamente que están siendo buscados, nunca respondieron a los pedidos de extradición", argumentó Rafecas en su fallo, que ahora deberá ser revisado por la Cámara Federal en caso de apelación.
Algunas querellas y la defensa oficial se opusieron al uso de esta herramienta por considerar que viola garantías del debido proceso, pero tanto la fiscalía como las representaciones legales de AMIA y DAIA respaldaron la decisión.
