La diputada Mercedes Llano, del bloque La Libertad Avanza y representante del Partido Demócrata, presentó una iniciativa legislativa destinada a implementar un examen psicotécnico obligatorio para quienes aspiren a ocupar los cargos políticos más altos del país.
El proyecto, denominado “Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional”, establece que candidatos a presidente, vicepresidente, legisladores nacionales electos y autoridades superiores del Poder Ejecutivo deberán someterse a una batería de pruebas diseñadas para evaluar sus aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas antes de asumir sus funciones.
Actualmente, la Constitución y las leyes electorales argentinas solo establecen requisitos formales para candidatos, como edad, nacionalidad y residencia, sin contemplar evaluaciones psicológicas o emocionales específicas. Este proyecto representa una novedad en el ámbito legislativo al proponer un filtro que garantice la idoneidad funcional para el ejercicio del mando político.
En sus fundamentos, afirmó que “la democracia no se agota en el acceso formal a la representación, sino que exige preservar la calidad institucional y la racionalidad decisoria en resguardo del interés general”.
El examen consistirá en pruebas psicométricas estandarizadas y validadas para el contexto argentino, con el fin de medir rasgos de personalidad, juicio ético, regulación emocional y respeto por las normas.
Además, se incorporan protocolos para detectar la llamada “Tríada Oscura” —narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica—, considerados factores que pueden perjudicar la gestión pública y el ejercicio del poder.
Según la diputada, la norma pretende evitar que personas con estructuras psicopáticas, falta de empatía o inclinación a decisiones en beneficio propio accedan a cargos de autoridad. La iniciativa busca equiparar los requisitos psicológicos que se exigen en cargos técnicos o administrativos con los que deben cumplir quienes lideran políticamente el país.
La evaluación será realizada por organismos especializados e independientes, garantizando la rigurosidad técnica y la confidencialidad de los resultados, que solo indicarán si el candidato es “Apto” o “No Apto Funcional”. En caso de desacuerdo, se contempla la revisión ante un comité técnico interdisciplinario para asegurar el derecho de defensa y el debido proceso.
Llano advirtió que la presencia de rasgos disfuncionales en puestos de poder puede derivar en corrupción sistémica, autoritarismo y despotismo, afectando gravemente la democracia y la gestión pública. Enfatizó que esta medida no es una restricción arbitraria, sino una ampliación razonable del concepto constitucional de idoneidad, acorde a las demandas sociales y los desafíos actuales del sistema político.
