La oposición en la Cámara de Diputados pidió interpelar al ministro Guillermo Francos y plantear una moción de censura contra el jefe de Gabinete por no implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuestionando los argumentos oficiales sobre falta de fondos.
Oscar Agost Carreño, acompañado por Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, calificó el Decreto 681/2025 como “nulo de nulidad absoluta” y advirtió que “no existe resorte constitucional que contemple la opción de ‘devolver’ al Congreso una ley sancionada. Forma parte de la vocación del Ejecutivo de continuar gobernando discrecionalmente y sin ‘la molestia’ de este Congreso”.
EL GOBIERNO ROMPIÓ EL ESTADO DE DERECHO
Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete.
Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
Por dictar decretos nulos e inconstitucionales.
Por no reasignar… pic.twitter.com/FoPFUI3Nue— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 22, 2025
Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, criticó la gestión económica: “Milei y Caputo pretenden no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad porque dicen que no hay plata. Pero hasta el 31 de octubre bajan a cero los derechos de exportación. Para eso sí hay recursos”.
Agost Carreño enfatizó la necesidad de previsibilidad: “Celebro que se eliminen las retenciones, pero debe ser una medida estratégica y permanente. Exigimos plazos y condiciones claras, fuentes de financiamiento concretas y respeto a los derechos de todas las provincias y sectores sociales. No queremos medidas que respondan solo a coyunturas electorales”.
Juan Schiaretti, referente de Provincias Unidas, calificó la medida de “electoralista” y sostuvo que las retenciones deberían eliminarse de manera definitiva, no solo durante el proceso electoral. Sus diputados podrían plantear en el debate del Presupuesto 2026 la eliminación total de las retenciones para 2026 y exigir que la medida anunciada por Manuel Adorni se extienda hasta el 31 de diciembre.
La oposición argumenta nulidad e ilegalidad del decreto, violación de la división de poderes y el incumplimiento de varias leyes, entre ellas la 27.793 y la 24.156, como fundamentos para exigir reglas claras y la efectiva implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
