La negociación salarial entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los gremios docentes atraviesa su momento más delicado. Tras rechazar la última propuesta oficial, los sindicatos advirtieron que, si no hay una mejora sustancial, el ciclo lectivo podría no comenzar el 24 de febrero.

Desde su llegada al poder en 2019, la administración bonaerense había conseguido garantizar inicios de clases sin medidas de fuerza, algo poco frecuente en gestiones anteriores. Sin embargo, el deterioro del poder adquisitivo y la aceleración inflacionaria tensaron un vínculo que hasta ahora se mantenía estable.

La última reunión paritaria terminó sin acuerdo. La oferta presentada por el Ejecutivo fue considerada “insuficiente” por los representantes sindicales, que cuestionaron tanto el porcentaje propuesto como su impacto real en los salarios.

El rechazo fue dispar. Mientras UPCN, ATE y Fegeppba descartaron la propuesta de plano, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —que integran Suteba y la FEB— optó por llevar los números a consulta en asambleas. La conducción busca evitar una ruptura interna, aunque el clima entre las bases es de fuerte malestar.

El eje de la disputa está en la lectura de las planillas salariales. Desde la administración provincial sostienen que en enero los estatales recibieron un incremento del 4,5% respecto de diciembre. Los gremios, en cambio, denuncian un “maquillaje” en el cálculo: aseguran que ese porcentaje incluyó dos retroactivos (del 1,5% total) que ya no tienen vigencia.

Según explican, la nueva oferta consolida ese 1,5% previo y agrega apenas otro 1,5%, lo que dejaría el aumento por debajo del 2,9% de inflación registrado en enero.

Con las posiciones aún distantes, en la Casa de Gobierno evalúan una alternativa riesgosa: otorgar el incremento por resolución unilateral para no demorar la liquidación de haberes y continuar las negociaciones en paralelo.

Sin embargo, el antecedente reciente de la FEB —que en enero rechazó un acuerdo finalmente aprobado por mayoría— y la aceptación “en disconformidad” de los judiciales muestran que el margen para cerrar la paritaria por la mínima es cada vez más estrecho.