El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que se abra una investigación judicial sobre la denuncia del Gobierno acerca de una supuesta operación de inteligencia ilegal a través de la cual se habrían grabado y difundido conversaciones de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
"No podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad", aclaró el fiscal.
También, Stornelli pidió que se allanaran los domicilios de los periodistas que participaron de esas transmisiones y de empresarios que estarían vinculados a la composición accionaria del medio periodístico.
En el dictamen el fiscal describió que, según la denuncia, se habrían producido acciones delictivas consistentes en la captación y obtención ilegal de audios de conversaciones y comunicaciones privadas de Karina Milei.
El fiscal infiere que las grabaciones habrían afectado no solo a funcionarios federales de alto rango, sino que también se habrían realizado en lugares bajo jurisdicción exclusiva del Gobierno, lo que justificaría la competencia del juzgado federal para intervenir en la causa.
Además presume la ilegitimidad de los audios difundidos, que habrían sido puestos a disposición de la opinión pública de manera dolosa y clandestina, lo que abona la hipótesis de una operación de inteligencia ilegal.
El Gobierne sostiene que estas acciones habrían sido realizadas mediante prácticas de espionaje ilegal, seguidas de la edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de los audios. La difusión se habría amplificado a través de redes sociales y ciertos medios de prensa, algunos de los cuales habrían sido elegidos deliberadamente.
Además considera que lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucraría a la oposición kirchnerista y servicios de inteligencia de países como Rusia y Venezuela en una campaña de desinformación orientada a derrocar al gobierno. Y se señaló que algunos periodistas habrían chantajeado a funcionarios espiados ilegalmente.
