El Gobierno lanzó un esquema de adelanto de coparticipación por hasta $400.000 millones destinado a 12 provincias con el objetivo de mejorar la liquidez de los distritos y asegurar el respaldo político necesario para avanzar con su agenda de reformas en el Congreso.
Esta medida, que será oficializada mediante un decreto, responde a la necesidad de aliviar la caída en los ingresos provinciales y evitar que los gobernadores tengan que recurrir a endeudamiento externo. Los fondos, que corresponden a las provincias por ley, serán entregados de forma anticipada y deberán ser devueltos antes de fin de año con una tasa del 15%, inferior a los costos financieros habituales en el mercado crediticio.
Las provincias beneficiadas por el adelanto de fondos son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. La iniciativa amplía un mecanismo similar aplicado en enero a Entre Ríos, adaptándose ahora a la realidad fiscal de cada distrito.
Desde la Casa Rosada consideran que esta iniciativa no solo tiene un impacto económico, sino también político, ya que busca ordenar la relación fiscal con los gobernadores y establecer un marco más previsible frente a las demandas recurrentes de asistencia financiera. La medida incluye tanto provincias oficialistas como opositoras, reflejando la intención del Gobierno de mantener un diálogo amplio y constructivo.
El deterioro en la recaudación afecta a nivel nacional y provincial, con una caída significativa en las transferencias automáticas que impactó especialmente durante el primer trimestre del año. Esta situación complica la capacidad de los gobernadores para cumplir con gastos corrientes, como salarios y acuerdos paritarios, tensionando las finanzas locales y reduciendo el margen de maniobra.
El oficialismo, sin mayoría propia en el Congreso, depende de los gobernadores para obtener los votos necesarios que permitan avanzar con proyectos clave en su agenda, como la reforma electoral y modificaciones en leyes relacionadas con recursos naturales.
En este sentido, el ministro del Interior, Diego Santilli, ha retomado las gestiones con mandatarios provinciales a través de reuniones y visitas para fortalecer el diálogo político.
En los próximos días se espera el tratamiento de iniciativas como la modificación de la Ley de Glaciares, que cuenta con el respaldo de provincias mineras, entre otros proyectos del paquete de reformas. Desde el Gobierno confían en que, “con el acompañamiento de los gobernadores y sectores afines, están los votos”, según fuentes legislativas.
Por su parte, gobernadores aliados resaltan la importancia de avanzar en reformas que brinden previsibilidad y fomenten la inversión, aunque reclaman mayor certidumbre en los envíos de fondos y continuidad en obras de infraestructura, en un contexto fiscal delicado para todas las provincias.
