El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyas funciones pasarán a depender del Ministerio de Salud. La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa, en medio del escándalo por presuntas coimas que involucra al organismo.
Según explicó el funcionario, la decisión implica una reestructuración profunda del área. En ese sentido, destacó la eliminación de 16 cargos políticos y remarcó que la medida “implica una reducción del 45% en la estructura jerárquica”.
Adorni señaló que el traspaso de competencias al Ministerio de Salud busca modificar de raíz el esquema de gestión de las políticas vinculadas a la discapacidad. Bajo esta nueva organización, aseguró que “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”.
Además, anticipó cambios en los procesos administrativos: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”. En esa línea, sostuvo que “un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan a donde tienen que ir: las personas con discapacidad, los equipos de salud y los cuidados que los asisten”.
El jefe de Gabinete también buscó llevar tranquilidad respecto al impacto de la medida sobre las prestaciones. Aclaró que la disolución de la ANDIS no implicará recortes en las pensiones y desvinculó la reorganización de cualquier ajuste presupuestario. “Una cosa es la reorganización de la exAndis, donde el objetivo es transparentarlo y recortar estructura inútil que no tiene sentido, después de haber hecho la auditoría correspondiente. Con la auditoría en curso no se podía hacer”, explicó.
En ese sentido, agregó: “Nada tiene que ver con el tema presupuestario, nunca nos apartamos de la ley y no lo vamos a hacer ahora”.
Adorni fue crítico del funcionamiento del organismo desde su creación en 2017. Recordó que la ANDIS nació como un ente descentralizado con la misión de coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad, pero afirmó que, con el paso del tiempo, “acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Según detalló, ese esquema derivó en múltiples irregularidades, entre ellas el cobro de pensiones por parte de familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin la documentación correspondiente, profesionales que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban.
En ese marco, mencionó el caso de la fundación Metas, que “decía dar clase de apoyos escolares, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró moho, suciedad, escombros y excremento de roedores“.
