El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja, que ordenó regularizar en un plazo máximo de 72 horas las deudas del PAMI y del programa Incluir Salud con prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad.
La resolución judicial había surgido a partir de un amparo colectivo impulsado por organizaciones y centros terapéuticos de Córdoba, que denunciaron demoras en los pagos y advirtieron sobre el riesgo de interrupción de tratamientos, entrega de medicamentos y prestaciones esenciales.
Según se desprende del fallo, la apelación presentada por el Ejecutivo fue concedida con efecto devolutivo, por lo que la cautelar continuará vigente hasta que la Cámara Federal emita una resolución definitiva sobre el caso.
El magistrado argumentó que el Estado se encuentra “en mora” respecto al cumplimiento de sus obligaciones y alertó sobre las “demoras crónicas” en los pagos a los prestadores. Además, señaló la existencia de un “riesgo inminente” para las personas con discapacidad ante posibles interrupciones en la atención.
La apelación del Gobierno no suspende los efectos del fallo. En consecuencia, tanto el PAMI como el programa Incluir Salud deberán continuar con el proceso de regularización de pagos mientras el expediente es revisado por la Cámara Federal.
La presentación judicial fue impulsada por el colectivo Defendamos Córdoba junto a entidades como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y distintos centros terapéuticos locales.
Los demandantes sostuvieron que la falta de pago por parte del Estado provoca demoras o interrupciones en terapias destinadas a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, además de afectar la provisión de medicamentos.
En ese marco, el juez ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud cumplir con los pagos “evitando dilaciones, suspensiones e interrupciones, debiendo a tal fin arbitrar todas las medidas que resulten necesarias para su cumplimiento, bajo apercibimiento”.
Al fundamentar la medida, Vaca Narvaja también citó un informe del programa Incluir Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Allí, la cartera conducida por Mario Lugones explicó que las demoras responden a “un proceso de reordenamiento estructural del área orientado a corregir desvíos acumulados y garantizar su sostenibilidad, como consecuencia de los resultados de la intervención del organismo”.
El mismo documento agregó que “la transferencia del Programa al ámbito del Ministerio de Salud de la Nación implicó la incorporación a los estándares de gestión propios de la Administración Pública Nacional centralizada, generando demoras en la etapa inicial de tramitación de los pagos".
SF
