El enfrentamiento entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Nación volvió a quedar en evidencia, luego de que el ministro Mariano Cúneo Libarona respondiera con dureza al jefe de los fiscales, Eduardo Casal, y confirmara que el nuevo sistema acusatorio comenzará a regir el 11 de agosto, tal como estaba previsto.

En una carta dirigida personalmente a Casal, el funcionario nacional rechazó los cuestionamientos realizados por el procurador, quien había advertido sobre “carencias estructurales en infraestructura, personal, equipamiento, presupuesto y coordinación interinstitucional” que, a su juicio, impedían la puesta en marcha del nuevo modelo procesal.

Cúneo Libarona fue enfático: “Este proceso representa la plena materialización de un sistema de enjuiciamiento compatible con los principios y garantías previstos por la Constitución Nacional, orientado a afianzar la justicia y consolidar un diseño institucional que asegure la imparcialidad, la transparencia y el respeto por los derechos fundamentales”.

El ministro defendió con firmeza los avances logrados hasta el momento y aseguró que el sistema ya funciona con éxito en doce provincias. “Al finalizar el año 2025, el proceso de implementación estará en curso en la mayoría de los distritos federales del país, lo cual comprenderá 16 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, afirmó.

Según datos que expuso en la misiva, el nuevo sistema logró reducir los tiempos procesales, aumentar el número de causas resueltas —ya sea mediante sentencia, criterios de oportunidad u otros mecanismos alternativos— y mejorar la eficiencia del trabajo judicial. “No cabe duda que se trata de un sistema eficaz, con un amplio nivel de aceptación”, sostuvo.

También destacó que desde el Ministerio se promovió la instalación de nuevas infraestructuras, la capacitación de los operadores judiciales y la incorporación de tecnología de última generación. “Esto incluye la habilitación de salas de audiencias (nuevas o mejoradas), equipadas con tecnología moderna, y la consolidación de redes interinstitucionales de cooperación que resultan claves para el éxito del proceso”, explicó.

En respuesta a las advertencias presupuestarias, Cúneo Libarona reconoció que el Gobierno atraviesa un contexto de “austeridad y responsabilidad fiscal”, pero aclaró que eso no representa un freno. “Resulta prioritario seguir las directivas del Señor Presidente, Javier Milei, en cuanto a los principios de tutela del equilibrio fiscal, del gasto público y orden presupuestario”, señaló.

Frente al reclamo de recursos humanos, el titular de Justicia relativizó la necesidad de mayores refuerzos y ponderó la experiencia acumulada. “No existe mejor capacitación que la práctica judicial. El Señor Procurador y quien suscribe lo saben. Tenemos jueces, fiscales y defensores muy idóneos, y trabajadores plenamente capaces que estudian y abordan el nuevo sistema”, escribió.

Sobre los posibles riesgos advertidos por Casal, el ministro minimizó su impacto: “Todo proceso de cambio importa riesgos y genera desafíos. Pero la experiencia indica que, en todos los distritos donde existía la misma preocupación, el nuevo sistema se ha implementado con éxito y eficacia”.

Cúneo Libarona cerró su carta con una defensa política y técnica de la reforma: “Tenemos la firme y absoluta convicción de que la implementación del nuevo sistema constituye un cambio de gran relevancia para mejorar la justicia, fortalecer las instituciones y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y moderna”.