El Gobierno nacional formalizó la salida del Estado del control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y transfirió la administración de la empresa a la provincia de Catamarca. La decisión quedó plasmada en un decreto publicado en el Boletín Oficial y responde a un reclamo sostenido del gobernador Raúl Jalil, un aliado clave del oficialismo en el Congreso durante las votaciones del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal.
Con la modificación del esquema societario, Catamarca pasó a concentrar el 60% de la participación en la empresa minera, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) mantuvo el 40% restante.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, reemplaza artículos centrales de la Ley 14.771. A partir de ahora, el directorio y la presidencia del ente ya no serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, sino que quedarán bajo control de la provincia, que asumirá la conducción operativa y estratégica del yacimiento.
El traspaso se concretó luego de un acuerdo conciliatorio alcanzado el 15 de diciembre de 2025 entre la Nación, Catamarca y la UNT. Ese entendimiento puso fin a una larga disputa por la propiedad y el manejo de YMAD, una compañía que, si bien hoy registra una producción de oro limitada, posee un alto valor estratégico por la titularidad de las tierras y el potencial minero de la zona.
En clave política, la medida refuerza el rol de Jalil como interlocutor privilegiado de la Casa Rosada. Su respaldo fue determinante para que el oficialismo lograra aprobar el Presupuesto 2025 y la Ley de Inocencia Fiscal durante las sesiones extraordinarias.
Además, el gobernador tuvo un papel central en la reconfiguración del mapa legislativo: la salida de tres diputados catamarqueños del bloque peronista permitió al oficialismo alcanzar la primera minoría en la Cámara baja, relegando a Unión por la Patria al segundo lugar.
Desde el gobierno provincial, Jalil venía reclamando la transferencia total de YMAD con el argumento de que la participación del Estado nacional limitaba la autonomía de Catamarca sobre sus recursos naturales y dificultaba la llegada de nuevas inversiones. Según esa visión, el control local permitiría agilizar proyectos de exploración y desarrollo productivo.
La decisión se inscribe, además, en la estrategia general del Ejecutivo de reducir la presencia del Estado en empresas públicas o mixtas, bajo la premisa de achicar el gasto y concentrar la administración nacional en funciones consideradas esenciales.
