El Gobierno decidió avanzar con una apelación contra el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó implementar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025.
Según señaló el medio TodoNoticias, desde la Casa Rosada sostienen que la sentencia representa una “invasión” a las facultades del Poder Ejecutivo, especialmente en lo que refiere a la administración del presupuesto y al ordenamiento de las cuentas públicas. Argumentan que aplicar la norma sin asignaciones específicas podría comprometer el equilibrio fiscal que el Gobierno considera prioritario.
El fallo de González Charvay respondió a un amparo colectivo impulsado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad, junto con organizaciones del sector. Los demandantes advirtieron que la suspensión de la ley ‒derivada del decreto presidencial‒ deja sin cobertura a miles de personas y agrava la crisis del sistema de prestaciones, ya de por sí tensionado.
Al analizar el DNU, el juez consideró que su artículo 2 era “inválido en todos sus aspectos” por contradecir el procedimiento constitucional previsto en el artículo 83 de la Constitución. Sostuvo que el Ejecutivo “excedió de forma manifiesta sus facultades” al intentar suspender una ley que había sido aprobada por insistencia del Congreso y que, por imperativo constitucional, se encontraba vigente.
Uno de los puntos que generó mayor malestar en el Gobierno fue la mención del magistrado a las más de 19 reasignaciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete desde diciembre de 2023. Según la sentencia, ese mecanismo podría utilizarse para garantizar la implementación de la ley incluso sin la existencia de partidas específicas en el Presupuesto 2026.
El Ejecutivo rechaza esa lectura. Sostiene que la emergencia en discapacidad, establecida por la Ley 27.793 hasta 2027, demanda un respaldo financiero que el Congreso no definió y que reasignar fondos sin un marco claro podría afectar programas prioritarios. Para el Gobierno, esa falta de previsión legislativa dificulta la ejecución ordenada del gasto y podría poner en jaque el equilibrio fiscal.
La disputa con González Charvay no es nueva. En agosto, el juez ya había declarado inválido el decreto que dejó sin efecto la ley que aumentaba los fondos destinados a las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
