El Gobierno nacional anunció que los empleados públicos que no aprueben la Evaluación General de Conocimientos y Competencias serán desvinculados de sus cargos a partir del segundo semestre de 2025. La medida fue oficializada mediante la Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de una política destinada a mejorar la eficiencia en el sector público.

La resolución, firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, establece que “a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones […] al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias”.

¿Quiénes se ven afectados?

La normativa afectará a todo el Sector Público Nacional, incluyendo a la administración nacional, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, entes públicos autárquicos y fondos fiduciarios. Quienes no superen la evaluación no podrán ser contratados bajo los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo.

Además, el Gobierno advirtió que si existieran contratos vigentes posteriores al 30 de junio de 2025 correspondientes a empleados que no aprobaron, estos serán anulados una vez que entre en vigencia la nueva reglamentación.

Desde el Ministerio también instaron a que “los representantes del Estado en empresas y organizaciones con participación estatal mayoritaria implementen medidas similares”, con el objetivo de unificar criterios y promover la profesionalización en todo el ámbito público. La evaluación, según informó el medio Infobae, fue realizada a fines de 2024 por unos 40.000 trabajadores de planta transitoria. Para diciembre de ese año, Sturzenegger aseguró que “el 95% de quienes presentaron la prueba aprobaron”.

El examen, que consistía en tres módulos, servicios generales, administrativos y profesionales, ofrecía hasta tres oportunidades para su aprobación. Mientras tanto, el Gobierno había prorrogado todos los contratos hasta el 31 de marzo de este año para garantizar que las evaluaciones pudieran completarse antes de tomar decisiones de desvinculación.

Finalmente, la medida apunta a garantizar que los empleados estatales estén debidamente calificados para sus funciones y que las contrataciones se alineen con “un estándar de competencias”, en línea con el proceso de transformación y modernización del Estado.