El Gobierno nacional dio un paso clave para resolver uno de los frentes judiciales abiertos desde el default de 2001: envió al Congreso un proyecto de ley que habilita el pago acordado con los fondos que aún mantenían demandas contra la Argentina en tribunales internacionales.
La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y apunta a dar respaldo legislativo a un entendimiento ya alcanzado en el ámbito judicial.
Aunque los reclamos acumulados en ambos expedientes rondaban los US$600 millones, fuentes vinculadas a la negociación aseguran que el monto final será menor, dado que una parte del colateral de los bonos Brady ya fue ejecutada por los acreedores.
El acuerdo tuvo su anclaje formal en los tribunales de Nueva York. En una presentación realizada el 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, los abogados del país informaron que el 1 de abril se firmó un acuerdo definitivo entre las partes, cuya implementación quedó condicionada a la aprobación del Congreso argentino. En ese mismo escrito, adelantaron que el proyecto sería remitido en los días siguientes.
Los detalles del proyecto
Entre los puntos centrales del entendimiento, se establece que ambas partes “reconocen por el presente que, con posterioridad a la notificación de aprobaciones necesarias, la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67.000.000″.
De concretarse la aprobación legislativa, Bainbridge transferirá los bonos involucrados a la Argentina, que procederá a su cancelación una vez completada la operación.
El acuerdo también introduce una pausa en otras acciones judiciales en curso en Estados Unidos. Entre ellas, el intento de avanzar sobre activos estatales, como las acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Ese frente quedó suspendido mientras se espera la definición parlamentaria.
El documento presentado ante la justicia detalla además que “las partes acuerdan una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002 y acuerdan no iniciar nuevas acciones respecto a los bonos objeto de acuerdo, con la salvedad de que cada parte se reserva el derecho de adoptar medidas para preservar o hacer valer su postura respecto de resoluciones y estipulaciones previamente celebradas por las partes".
En la misma línea, se establece: “A fin de evitar dudas, Bainbridge acuerda que no realizará, ni hará que sus afiliados, agentes o abogados realicen directa o indirectamente acción alguna, inicien ningún proceso ni efectúen presentación alguna que pudiera esperarse que dificulte, demore, obstaculice o afecte de cualquier otro modo en forma adversa cualquier operación de obtención de capital, gestión de pasivos, oferta de canje, refinanciación u otra operativa llevada a cabo por la República”.
Asimismo, el texto remarca que “Bainbridge acepta el pago en virtud del acuerdo como cumplimiento total y cancelación de todos los reclamos (ya sea por capital, intereses, intereses punitorios, honorarios, reintegro de gastos o cualquier otro concepto) que pudiera tener en virtud de las sentencias, ligitios o bonos objetio del acuerdo. Libera y exonera en forma total y definitiva a la República de toda obligación, compensación por daños y perjuicios, etc.”.
