El Ministerio de Economía, Luís Caputo, anunció este lunes la eliminación en la obligatoriedad para una lista específica de productos de pasar por el “canal rojo” de la Aduana, con el fin de promover la llegada de competencia para forzar una baja en el precio de esos bienes. Se trata de una forma en la que el gobierno busca combatir la inflación.
El “canal rojo” es asignado automáticamente a ciertos productos por los agentes aduaneros, en base a la presentación inicial del despachante, con el fin de llevar a cabo una verificación de la documentación, en algunos casos.
Si un contenedor es direccionado a este carril, se realiza un control exhaustivo tanto documental como físico de la mercadería. En el caso de que esta cumpla con las normativas vigentes, se autoriza su retiro, y el proceso se detiene si se detectan otras irregularidades.
Según denunció el Gobierno esto afectaba, entre otros, al rubro textil, calzado y a productos sujetos a medidas antidumping vigente, como radiadores, calderas, termos, aires acondicionados, y otros ítems. Esto fue considerado por el gobierno como una «una selección arbitraria», tal como puntualizan en un comunicado.
“El proceso exigía la paralización de la mercadería en la aduana, demoraba los plazos de entrega de los productos y aumentaba considerablemente el costo de inspección que era asumido por los importadores”, resaltó el documento del Ministerio de Economía.
Según resaltaron, además de una simplificación del proceso, esta disposición contribuiría a acortar los plazos de entrega y agilizar los procesos de producción, comercialización y exportación.
El anuncio fue oficializado mediante las resoluciones N°154/2024 y N°112/2024, publicadas hoy en el Boletín Oficial, y fue informado por el comunicado oficial.
Según especificó el gobierno, aquel se trataba de “un proceso aduanero que implicaba controles exhaustivos generadores de costos y demoras para las empresas importadoras”, que afectaba al 36% de las operaciones de importación enviadas al canal, lo que representa un 7% de toda la mercadería que ingresaba a la Argentina.
“A partir de ahora, estos productos estarán sujetos a verificaciones aleatorias establecidas por la Aduana para todo el universo arancelario”, puntualizó el gobierno en el texto.
De esta manera, el gobierno libera a las empresas previamente afectadas por esto a llevar adelante un significativo gasto en el despacho por contenedor, que con esta disposición se reduce en U$S1.200. Es decir, un 2,5% del valor promedio de la mercadería despachada en una importación.
“Esta medida busca eliminar una barrera a las importaciones que había sido establecida por la gestión anterior del Ministerio de Economía”, concluyó el escrito, apuntando contra el extitular del Ministerio de Economía, Sergio Massa.
