La administración de Javier Milei restringió la participación del Estado en los procesos electorales gremiales y dejó en manos del Consejo Federal de Educación la negociación salarial con los docentes. Por medio del Decreto 342, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo modificó el régimen electoral de la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551), limitando la intervención del Estado en los comicios gremiales.

Según la nueva normativa, el Gobierno solo podrá actuar en casos de acefalía y ausencia de disposiciones estatutarias, designando a un funcionario para convocar elecciones dentro de un plazo de 120 días hábiles.

Desde el Ministerio de Capital Humano: “La reforma garantiza el respeto a la autodeterminación de las asociaciones sindicales, ratificando el derecho de los trabajadores a elegir libremente sus dirigentes, al disponer la no intervención de las autoridades públicas en sus procesos electorales”.

También se actualizaron los criterios relacionados con la convocatoria, el padrón, la presentación de listas y los mecanismos de fiscalización.

“Corresponde adecuar la Ley de Asociaciones Sindicales y su reglamentación, suprimiendo funciones asignadas a la Autoridad de Aplicación que contradigan los principios de libertad sindical”, justificó el decreto.

En paralelo, el Gobierno también dispuso que el Consejo Federal de Educación organismo compuesto por las provincias será el único encargado de negociar con los gremios docentes en lo que respecta a aumentos salariales, condiciones laborales y calendario escolar. La medida fue oficializada mediante el Decreto 341, también publicado este miércoles.

El Ministerio de Capital Humano argumentó que la decisión se basa en la necesidad de “reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia en la gestión pública”.

En ese marco, la Secretaría de Educación quedará fuera de la mesa de discusión, aunque podrá intervenir para refrendar los acuerdos o solicitar modificaciones si estos resultan inviables por razones presupuestarias.