La Procuración del Tesoro de la Nación celebró un resultado favorable a la Argentina en tribunales internacionales, al alcanzar "la reducción de una condena millonaria que había sido impuesta al país por hechos originados en gestiones anteriores". El organismo encabezado por Santiago Castro Videla destacó en un comunicado que "el Tribunal del CIADI le dio la razón a la Argentina y resolvió disminuir en un 20% el monto de indemnización en el caso ´Webuild S.p.A. c/ República Argentina´".

En abril pasado se había condenando al país a indemnizar a la constructora italiana Webuild por un total de 147,1 millones de dólares por el contrato de construcción de un puente sobre una autopista. El reclamo data de hace casi 25 años y se derivaba de la supuesta falta de pago por parte del Gobierno argentino de subvenciones para la concesión.

También apuntó en aquel momento contra la promulgación de normativa que afectó a los ingresos por peaje y a la viabilidad económica del proyecto, así como por los retrasos en la finalización de la renegociación del contrato.

Ahora, la decisión de disminuir el monto de la demanda en un 20% "hizo lugar al pedido de rectificación presentado por esta gestión el pasado 11 de junio y representa un paso concreto en la mejora de la posición del país frente a reclamos heredados", remarcó la Procuración.

La controversia tuvo su origen en la concesión de la conexión vial Rosario-Victoria y en las medidas adoptadas durante la crisis de 2001, que derivaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y en un arbitraje internacional iniciado por la empresa inversora, se indicó.

"Este litigio, como tantos otros que aún enfrenta la Argentina, se arrastra desde hace casi dos décadas como consecuencia de políticas y decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales", señaló el organismo.

Por último, la Procuración del Tesoro reafirmó "su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todos los litigios y arbitrajes internacionales, utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para reducir el impacto de sentencias heredadas y proteger el patrimonio común de los argentinos".