Un cambio en la regulación del practicaje, el servicio de asistencia a buques en maniobras portuarias, hizo que numerosos prácticos, pilotos y baqueanos decidieran no aceptar nuevas asignaciones desde el sábado 31 de julio hasta que se resuelva la disputa legal y laboral.
Entre las modificaciones propuestas, elimina el límite de cupos para que un profesional pueda registrarse como práctico, permite la contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas, establece topes tarifarios fijados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), y autoriza a capitanes con experiencia en la zona a navegar sin la necesidad de contratar un práctico.
Además, prevé que, en situaciones excepcionales (como esta protesta), la Prefectura o la Armada puedan tomar el control directo del servicio. Quedan fuera del conflicto los buques que transportan petróleo y gas, que continúan operando con normalidad para garantizar el abastecimiento interno.
La protesta tiene particularidades: dado que los prácticos trabajan independientemente y no están organizados en un gremio con capacidad de convocar un paro formal, la medida fue coordinada de manera individual. Quienes tenían turnos asignados antes del decreto continúan sus tareas, pero se suspendieron nuevas contrataciones.
Los prácticos desempeñan un rol esencial para la seguridad en la navegación de zonas complejas como ríos, canales y accesos portuarios, debido a su conocimiento detallado de corrientes, profundidades y riesgos específicos.
Su trabajo es fundamental para el comercio exterior argentino, ya que supervisan el tránsito de embarcaciones por el río Paraná y el Río de la Plata, principales vías de salida de las exportaciones nacionales.
La explicación del Gobierno
El Gobierno explicó que la normativa busca reducir costos logísticos y promover la competencia. En X, Sturzenegger afirmó que se "desarmaron kioscos" y criticó las "barreras de entrada" del esquema anterior, que limitaban la cantidad de prestadores y encarecían el servicio. También cuestionó la segmentación geográfica que obligaba a contratar más de un práctico para un solo recorrido.
Por otro lado, ante la escasez de prácticos disponibles, la Prefectura Naval Argentina comenzó a enviar notificaciones individuales para que retomen sus funciones, en base a la Ley de Navegación 20.094 que considera al practicaje un servicio público. Estas advertencias incluyen posibles sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento.
El conflicto se siente con mayor intensidad en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, zonas neurálgicas para las exportaciones agroindustriales argentinas, donde algunos barcos permanecen fondeados esperando turno.
La respuesta de los trabajadores
Por su parte, las entidades que representan a prácticos, pilotos y baqueanos rechazaron la norma al calificarla de inconstitucional. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante anunció que presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo ante la Justicia Federal para impedir su aplicación.
También radicará una denuncia penal por posible afectación a la seguridad de la navegación, conforme al artículo 190 del Código Penal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, alertan sobre un posible deterioro en las condiciones de seguridad y laborales.
AS
