El bloque de Unión por la Patria presentó dos iniciativas legislativas firmadas por el senador camporista Eduardo "Wado" de Pedro que buscan frenar el intento de transferencia de la empresa AYSA al sector privado que anunció el Gobierno la semana pasada.
La protección del acceso al agua como un derecho humano y la preservación del modelo público de gestión son los principales argumentos que esgrimen los proyectos en cuestión.
El proyecto S‑1287/25, presentado por De Pedro, propone declarar el servicio a cargo de AySA "de interés público y estratégico para el desarrollo humano", en línea con el artículo 75 de la Constitución Nacional, y prohíbe de manera explícita cualquier modalidad de privatización, concesión, cesión de capital o tercerización de la gestión de la firma.
El texto exige además que cualquier modificación en el objetivo de la empresa, su composición accionaria o la enajenación de activos esenciales requiera aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios, reforzando barreras jurídicas frente a embates privatizadores.
Por otro parte, el proyecto de declaración S‑1288/25 manifestó “la profunda preocupación y el más enérgico repudio” ante los decretos presidenciales de privatización, al tiempo que remarca que tales medidas implican “un retroceso en la protección del derecho humano esencial de acceso al agua potable segura y al saneamiento cloacal”.
Los documentos llevan las firmas de otros legisladores del espacio, como María Eugenia Duré, Mariano Recalde, Sandra Mendoza, Alicia Kirchner, María Inés Pilatti Vergara, Jesús Fernando Rejal, Oscar Parrilli, Sergio Leavy, Cristina López y José Emilio Neder.
Parte de la oposición expresó preocupación sobre el impacto que podría tener una privatización sobre la tarifa, la calidad de los servicios y el alcance de la red, que actualmente llega a una cobertura del 85% en agua potable y 70% en cloacas, según datos oficiales difundidos por el equipo del senador.
