La Cámara de Apelaciones de San Nicolás revisará la cautelar que frenó la ordenanza para la construcción del Bingo de Escobar, que enfrenta, por un lado al intendente, Ariel Sujarchuk, concejales y empresarios del juego (entre ellos Daniel Angelici) y del otro, a la jueza Mónica Ayerbe y vecinos que repudian el impacto urbanístico y ambiental que tendrá levantar allí esa casa de juego, con escuelas y un centro de adicciones ubicados a pocos metros del predio.
La pulseada por el bingo en Ingeniero Maschwitz entra de esta forma en su hora decisiva. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, presidida por Damián Nicolás Cebey, e integrada por Marcelo José Schreginger como vicepresidente, debe resolver si mantiene o levanta la medida que suspende los efectos de la Ordenanza 6.350/2024.
La norma "aprueba la localización y el desarrollo" de un emprendimiento comercial-recreativo con sala de bingo en parcelas específicas de Maschwitz. El núcleo de la controversia es si puede desplegar efectos urbanísticos y ambientales sin atravesar previamente los controles de legalidad (concordancia provincial y procedimientos técnicos) y el estándar de prevención y precaución en materia ambiental.
En el marco de ese conflicto, Sujarchuk, concejales que acompañaron la ordenanza y empresarios del juego sostienen que el proyecto traerá inversión y empleo para el municipio. En cambio, los vecinos que accionaron en la Justicia advierten por cambios de uso del suelo sin sustento técnico válido, riesgos ambientales y un entorno sensible con colegios y un dispositivo de atención en adicciones a pocos metros del polígono.
Javier “Coqui” Coqui, presidente de la Asociación Ruta 26, remarcó que "el fallo de la jueza Ayerbe fue contundente: sin ‘hecho nuevo’, sin master plan válido y sin los controles urbanísticos y ambientales que exige la ley, no se puede avanzar". "Confiamos en que los jueces Cebey y Schreginger confirmen la cautelar y marquen que, una vez, la Justicia está del lado de los vecinos y no del poder político-empresario", agregó.
Por su parte, el Municipio, en la apelación, sostuvo que el juzgado exigió controles indebidos en esta etapa; que no hay proyecto ni acto aplicativo para pedir convalidación o estudios ahora; y que el art. 102 regula autorizaciones excepcionales para casos particularizados, no exigibles en este punto".
A la hora de decidir, la Cámara podría confirmar la cautelar y mantener el freno hasta cumplir controles urbanísticos y ambientales y contar con un plan técnico verificable; o bien revocarla total o parcialmente, con lo cual se liberarían efectos de la ordenanza, con condiciones o seguimiento.
También podría reenviar con instrucciones, es decir ordenar pericias, audiencias o informes provinciales y devolver a primera instancia con pautas.
Lo cierto es que la resolución de la Cámara no sólo definirá el bingo en Maschwitz: también enviará una señal sobre cómo deben encauzarse en la Provincia los grandes cambios de uso del suelo con incidencia ambiental cuando chocan poder político-empresario y control judicial con respaldo vecinal.
