La Cámara Federal de Casación Penal reactivó la disputa judicial relacionada con la investigación sobre la compra de una lujosa propiedad en Pilar, vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este expediente apunta a un presunto esquema de lavado de activos que podría involucrar a miembros de la dirigencia del fútbol nacional, entre ellos, Pablo Toviggino.
El máximo tribunal penal federal del país deberá decidir si la causa continúa bajo la órbita del juzgado federal de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, o si regresa al juzgado en lo penal económico a cargo de Marcelo Aguinsky, en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, convocó a una audiencia el próximo 30 de marzo a las 11:30, donde se escucharán los argumentos de las partes involucradas antes de tomar una resolución.
El origen de la causa está en el Juzgado Penal Económico N°10 de Buenos Aires, donde se radicó la denuncia por posible lavado de dinero. Según la investigación, los compradores formales de la propiedad, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, habrían utilizado la firma Real Central SRL para adquirir un terreno en Villa Rosa, partido de Pilar.
El predio en cuestión supera los 100 mil metros cuadrados y presenta características de alto valor, incluyendo autos de colección, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento, helipuerto e instalaciones deportivas.
Los investigadores sospechan que la sociedad utilizada para la compra carece de la capacidad económica suficiente para justificar la adquisición, por lo que consideran que Pantano y Conte habrían actuado como intermediarios de un tercero, que sería el verdadero propietario de los bienes.
Además, la denuncia menciona versiones públicas, periodísticas y difundidas en redes sociales que vinculan la propiedad con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, lo que motivó pedidos para profundizar la pesquisa sobre el origen de los fondos involucrados.
La causa generó un conflicto de competencia entre juzgados, ya que el juez federal de Campana, que tiene jurisdicción sobre el lugar donde está la mansión, solicitó quedarse con el expediente y que el fuero Penal Económico se inhiba. Esta petición fue rechazada, lo que desencadenó una disputa entre ambos magistrados.
La Cámara Federal de San Martín intervino para dirimir la controversia y determinó que la causa debía tramitar en Campana. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló esa decisión con un recurso de casación que fue rechazado en esa instancia, lo que derivó en la presentación directa ante el máximo tribunal penal.
