La Casa Rosada decidió impedir el ingreso a un grupo de periodistas acreditados de medios señalados en una investigación vinculada a una presunta campaña de inteligencia rusa contra la administración nacional.
Según pudo reconstruir el medio La Nación, personal de Casa Militar fue desplegado en los accesos de Balcarce 50 para identificar a quienes ingresaban. Al declarar pertenecer al área de prensa, los acreditados eran informados en el momento si estaban habilitados o no para acceder.
En ese marco, periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape no pudieron ingresar a la sede gubernamental.
El rol de "La Compañía"
La decisión oficial se tomó luego de que un consorcio internacional de periodistas difundiera el viernes pasado una serie de documentos de inteligencia rusos que darían cuenta de una presunta campaña mediática y política orientada a desacreditar al Gobierno argentino durante 2024. Según esa investigación, la operación habría sido coordinada por un grupo de espionaje conocido como “La Compañía”.
De acuerdo al informe, la maniobra incluyó la circulación de noticias —verdaderas y falsas— con el objetivo de profundizar divisiones internas, respaldar a figuras opositoras e incluso fomentar tensiones con países vecinos.
Parte central del esquema habría sido “una red para la distribución de contenidos mediáticos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”.
El relevamiento identificó más de 250 publicaciones difundidas entre junio y octubre de 2024 en más de 20 portales digitales, con un costo estimado de al menos 283.100 dólares. No obstante, la propia investigación aclaró que “no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién”, mientras que los medios mencionados rechazaron haber recibido compensaciones.
La respuesta del Gobierno
Desde el oficialismo argumentaron que se trata de una “medida preventiva”, en medio de las sospechas sobre una supuesta operación de desinformación impulsada desde Rusia.
De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión implicó retirar temporalmente la huella de acceso a los trabajadores de los medios involucrados hasta tanto se esclarezca su eventual vinculación con los hechos investigados.
En paralelo, la conducción de la Cámara baja adoptó un criterio similar y también limitó el ingreso de periodistas de esas mismas empresas.
En contraste, en el Senado —presidido por Victoria Villarruel— no se implementaron restricciones, ya que, según indicaron fuentes parlamentarias, no recibieron instrucciones en ese sentido.
Desde la Casa Rosada aclararon que la medida no apunta contra los periodistas en forma individual, sino contra los medios señalados en la investigación.
En esa línea, anticiparon que a partir del martes comenzarán a convocar a directivos de las empresas involucradas para que den explicaciones. “En caso de comprobarse su accionar, puede haber una denuncia por traición a la patria”, advirtió un funcionario, que enmarcó la situación como un asunto de seguridad nacional ante una posible injerencia extranjera.
