Hace días el gobierno desactivó una decisión tomada por el ex presidente Alberto Fernandez durante su gestión, que le ordenaba a los organismos del Estado tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero al mismo tiempo permitía la intervención de brokers privados, los cuales habrían cobrado comisiones por encima de los valores de mercado. Ahora se investiga un presunto negocio de 20.000 millones de pesos destinado a favorecer a empresarios amigos del anterior gobierno. El caso ya llegó a tribunales y Alberto Fernández es uno de los denunciados. Se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos, violación de deberes del funcionario y abuso de poder, debido a los contratos realizados en favor de Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero.

Fernandez negó haber realizado gestiones con funcionarios para contratar a Martínez Sosa y aseguró que tampoco le pidió a Cantero, su secretaria, que lo hiciera.

“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó», aseguró el ex presidente a La Nación. 

También, Fernández afirmó que el Decreto 823 de 2021, firmado por él, estableció la obligatoriedad para los entes públicos de contratar a Nación Seguros, con el objetivo de eliminar la intermediación que permitió la aparición de gestores bajo sospecha.

Según Fernández, el decreto estipulaba que las contrataciones debían realizarse de manera directa, con el fin de terminar con el sistema implantado durante la administración de Mauricio Macri. Fernández considera que dicho sistema dio lugar a “muchos negocios”.  

De acuerdo a la denuncia que está en la justicia, la práctica implicaba que las dependencias estatales canalizaran los contratos a través de Nación Seguros, entidad que contrataba a un corredor y a empresas privadas, algunos vinculados a Fernández y el ex ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa.

Pablo Torres García, dueño de Cerro Bayo y cercano a Massa, fue uno de los intermediarios. Lo mismo Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente.

El decreto emitido por el Fernández establecía que los contratos debían realizarse a través de convenios interadministrativos para la administración central, mientras que otras entidades como empresas públicas y entes fiduciarios debían seguir los procedimientos de sus propios regímenes de contratación. A su vez, prohibía explícitamente la subcontratación de pólizas, aunque no hacía referencia directa a la prohibición de gestores. En ese vacío legal fue que surgieron los intermediarios. 

El ex presidente asegura que nunca habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario del Estado, con comisiones millonarias. 

Hay distintos documentos que señalan que los acuerdos entre Martinez Sosa y otros productores fueron firmados antes y después del decreto emitido por Fernández. 

El ex presidente afirma que no estaba al tanto de que estas áreas necesitaran la intervención de corredores externos y que este tipo de negocios iba en contra del espíritu del decreto.

Así mismo, puntualizó que no vió a Martínez Sosa desde hace «uno o dos años», que nunca discutió estos contratos con el gestor y que no hubo ninguna reunión entre él, Martínez Sosa y Alberto Pagliano, el presidente de Nación Seguros.

Fernández defendió a Martínez Sosa: “No se trata de un Lázaro Báez”, dando a entender que ya tenía una trayectoria en el mercado de seguros antes de convertirse en gestor de negocios que se desarrollaron durante su mandato; en contraposición a Baez quien pasó de ser empleado bancario a empresario de la construcción con una velocidad tal que fue una de las sospechas clave de la Causa Vialidad. 

Gendarmería figura entre los organismos que contrataron los servicios de Martínez Sosa a través de uno de sus satélites. Cuando Nación Seguros intentó reducir la comisión de un 15% a un 10%, Martínez Sosa trasladó la cartera de pólizas de vida a La Caja Seguros, bajo el argumento de que se trataba de contribuciones voluntarias, a pesar de que el asegurado fuera una entidad pública. El ex presidente considera que este caso muestra que él no ejercía presión en estos asuntos.

En una de sus declaraciones juradas, Fernández revela una deuda pendiente con Martínez Sosa y señala que aún está en deuda. Se trata de un préstamo que recibió de su amigo cuando renunció a la jefatura de Gabinete de Cristina Kirchner en 2008. 

De acuerdo a sutestimonio, el monto total del préstamo fue de US$20.000.

Esta cantidad, que nunca pudo reembolsar, fue incluida en su declaración jurada como funcionario al cierre del período 2023, cuando aún estaba pendiente