En medio de una intensa polémica, el diputado nacional Eduardo Valdés cuestionó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre un controvertido proyecto de decreto que podría desregular las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Valdés expresó su preocupación, señalando que esta medida «profundiza las desigualdades sociales en una comunidad que representa el 12% de la población argentina».
«Le pido a Francos, que es un hombre de diálogo, que no tome ninguna decisión sobre este decreto sin hablar con los principales afectados: las personas con discapacidad y sus familias, los profesionales de la salud, los docentes y las entidades que trabajan día a día con quienes tienen alguna discapacidad», afirmó Valdés en una entrevista. La expresión del legislador fue acompañada por varios bloques en la Legislatura, donde además se presentó un proyecto para evitar continuar con estas medidas.
Según el diputado, el borrador del decreto, que espera la firma del presidente Javier Milei y de Francos, dejaría a millones de personas sin cobertura. «Francos heredó un proyecto de decreto que desregula las prestaciones para las personas con discapacidad y profundiza las desigualdades sociales en una comunidad que representa el 12% de la población argentina».
Valdés también reconoció la labor de dos diputados libertarios, Montenegro y Lemoine, quienes facilitaron un encuentro con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Sagnuolo. «Quiero agradecer a los diputados Montenegro y Lemoine por llevarnos a hablar con el director de ANDIS, con quien nos reunimos quienes integramos la comisión de discapacidad», mencionó Valdés, destacando la importancia del diálogo y la colaboración en este tema crítico.
La respuesta de Francos no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, el jefe de Gabinete defendió la postura del gobierno, afirmando que en 2003 había 79 mil pensiones por invalidez, cifra que aumentó a 1.215.000 en 2023, representando un costo anual de USD 3 mil millones. Francos señaló que una auditoría de ANDIS reveló que el 80% de las pensiones no cumplían con los requisitos mínimos, implicando un gasto injustificado de USD 2400 millones anuales.
«Así de irresponsable fue el gobierno de quienes esta madrugada resolvieron incrementos de haberes jubilatorios con un costo de medio punto del PBI sin que el Estado cuente con recursos necesarios para afrontarlo», criticó Francos, subrayando la necesidad de revisar y ajustar las políticas para asegurar su sostenibilidad.
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad también se pronunció, denunciando que la desregulación de las prestaciones rompería con un sistema que ha permitido el acceso igualitario a los tratamientos desde hace 25 años. La semana pasada, organizaciones de la sociedad civil y prestadores del sector protestaron frente a la Residencia Presidencial de Olivos y en todo el país para rechazar el proyecto de decreto.
La posible desregulación de las prestaciones para personas con discapacidad generó incertidumbre en las personas que reciben las prestaciones y un intenso debate en la legislatura. Mientras el gobierno defiende la necesidad de ajustes para asegurar la eficiencia y sostenibilidad del sistema, los diputados alertan sobre el riesgo de incrementar las desigualdades y dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables. .
