A través de una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el gobierno recibió más de 5200 denuncias a dirigentes sociales por aprietes y extorsiones desde que puso en marcha la línea 134, a través de la cual el gobierno viene alimentando que se denuncien las presiones a beneficiarios de planes sociales.
Según lo que contó Bullrich durante la conferencia, 1159 denuncias refieren a que los dirigentes sociales amenazaban a las personas con quitarles el plan en caso de que no asistieran a las movilizaciones de los últimos meses.
“De 5214 denuncias, 1159 se refieren a ‘Te quito el plan si no vas a la movilización, si no hacés lo que te digo, si no sos mi esclavo’. Si van con chicos les dan un bono extra. 4055 refieren a extorsiones”, señaló Bullrich.
Durante la conferencia, la ministra estuvo acompañada del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, y al Gobernador de Chaco, Leandro Zdero.
Bullrich contó que recibieron más de 80.000 llamados que hablan de “extorsión, aprietes, abusos sexuales e imposiciones”. Incluso, alertó sobre una nueva modalidad de extorsión: “Si van con chicos les dan un bono extra”.
También denunció que “los que manejan la política social se creen que tienen poder sobre los que cobran las prestaciones” y aseguró que el gobierno está planteando “un cambio absoluto de los ministerios y provincias involucradas”.
“Es un cambio absoluto de los que son gerentes de la explotación total y absoluta del ser humano utilizando su condición de vulnerabilidad”, manifestó la funcionaria.
Según Bullrich, “el poder absoluto corrompe” e indicó que “hay un poder absoluto de poder decidir desde quién cobra y quién no hasta qué cosas tienen que hacer las personas vulnerables para cobrar un plan”.
“Desde abusos sexuales y darlas como carne a los funcionarios para que se acuesten con ellas hasta pagar un bono para que los chicos vayan a la calle. Esta es la brutalidad que vamos a desarmar”, explicó Bullrich.
Luego agregó: “El gobierno, a través del ministerio de Capital Humano y de Javier Milei, tiene una decisión: no más intermediarios. No solamente porque tengan una denuncia penal, sino por el modo en que utilizaron el poder va en contra de la libertad y de la autonomía de las personas”.
“La segunda conclusión es un cambio legal donde la asociación ilícita va a tener un cambio para que permita que haya una verdadera persecución penal contra todos aquellos que utilizan el estado, el dinero y el poder en beneficio propio. Hay decisiones de carácter políticpatricia bullricho que es sacar la intermediación de las organizaciones sociales”, concluyó.
Entre los hechos más impactantes que contó Bullrich se encuentran «dirigentes sociales del Movimiento Evita de Florencio Varela» que «obligan a pacientes oncológicos a asistir a las marchas a la Ciudad de Buenos Aires y si no le quitan el acceso a los remedios oncológicos». «Está judicializada esa denuncia”, puntualizó la ministra.
Otro caso es el de «una referente del MT y UTEP que otorga planes Potenciar Trabajo» y que «citó a las personas a molestar a la ministra (Pettovello) cuando realizó la atención a las personas con necesidades». «De no hacerlo, se les quitaba el plan potenciar. Tenían que ir a molestarla”, alegó Bullrich.
