El gobierno argentino está dando pasos firmes hacia una reorganización estructural, luego del cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI). Ahora, se enfocaría en disolver el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), creado en 1985 para gestionar planes de adjudicación y explotación de tierras de comunidades aborígenes. Esta medida, que formaría parte de un plan más amplio de reducción de gastos y optimización de recursos, implicaría un cambio significativo en la administración pública del país.

Según información publicada por TN, el INAI gastó un total de $1907 millones durante el año 2023. Este gasto incluyó una asignación significativa para personal, ascendiendo a $1.248 millones. Asimismo, se destinaron fondos para transferencias, servicios no personales y bienes de uso. Todas las partidas están siendo auditadas por el Gobierno de Javier Milei quienes deberán sortear varios escoyos para dar de baja el presupuesto del instituto, que , al igual que el INADI, tiene partida asignada por ley. Sin embargo, el Ejecutivo está considerando opciones para reducir su funcionamiento y cargos, sin necesidad de derogar la ley que lo creó.

Este movimiento generó debates y preocupaciones en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre las comunidades aborígenes y los defensores de sus derechos. La desaparición del INAI podría tener un impacto significativo en la gestión de tierras y recursos destinados a estas comunidades, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas públicas en materia indígena.

En este contexto la eliminación del INAI representaría un paso más en el proceso de reestructuración del Gobierno argentino, pero también plantearía serias complicaciones para el futuro de las comunidades indígenas en el país.