Imputaron a Alberto Fernández por irregularidades en la contratación de seguros 

La investigación avanza sobre el mandatario después de que este haya responsabilizado a su secretaria.
Por: #BorderPeriodismo

Este jueves la justicia tomó la decisión de imputar finalmente al ex presidente Alberto Fernández. La misma fue tomada por el fiscal federal Ramiro González, el magistrado se encuentra llevando adelante la investigación por la contratación de un «broker y empresas privadas» para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno.   

Los imputados hasta el momento son el exmandatario, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, por presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. 

Según el expediente al que accedió el medio La Nación, el fiscal solicitó como diligencias para prueba a la Jefatura de Gabinete información de antecedentes al decreto 823/21 que obligó a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros los convenios de seguros celebrados durante el gobierno de Alberto Fernández.

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Las ganancias por comisiones se habrían estimado en los 300 millones de pesos mensuales y $ 20.000 millones anuales. 

En los últimos días el exmandatario aseguró que no sabía del tema y sostuvo que era responsabilidad de su secretaria, la cual podría «haberse excedido».

Pese a estas declaraciones, ante la información que consta en la denuncia penal realizada por Martínez, el fiscal Ramiro González consideró que hay elementos suficientes para iniciar la investigación e imputar a los responsables de la maniobra. 

La abogada ligada a Juntos por el Cambio (JxC), Silvina Martínez, había presentado una denuncia penal contra el expresidente y Pagliano por esta causa que ahora avanzó. La denuncia cayó en el juzgado 11, a cargo momentáneamente del juez federal Julián Ercolini. 

El objeto de la denuncia es exigir que se investigue el mecanismo que, durante la gestión de Fernández, obligaba a los organismos del Estado a contratar exclusivamente a Nación Seguros, con la intervención de «brokers» y con la obtención de comisiones a cambio de servicios sin sentido aparente. 

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