La Justicia federal de Salta imputó a Emiliano Estrada por abuso de autoridad y peculado de servicios. El exdiputado kirchnerista está acusado de haber montado una usina de fake news financiada con fondos públicos, utilizando a dos asesores del Congreso Nacional para producir y difundir videos anónimos en redes sociales que vinculaban gobierno de Salta con actividades relacionadas al narcotráfico.

De acuerdo a Infobae, la causa pudo avanzar con su investigación y formalización de cargos recién el pasado 10 de diciembre, cuando Estrada (uno de los nueve economistas que visitó a Cristina Kirchner en San José 1111) finalizó su mandato, ya que, durante el mismo, poseía fueros parlamentarios que lo protegían.

De hecho, el fiscal general Carlos Martín Amad había presentado el pedido de desafuero en junio, pero el tratamiento se demoró debido a sucesivos incidentes, inhibiciones de competencia y apelaciones. Sin embargo, finalmente, la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Una derivación de la justicia provincial dio origen al caso. La Fiscalía de Ciberdelincuencia determinó que el exlegislador habría encargado y difundido, mediante asesores que ocupaban cargos rentados en el Congreso, una serie de videos que buscaban generar temor social y la creencia de una relación entre el gobierno de Salta y el crimen organizado.

Amad subrayó que la imputación no tiene que ver con la libertad de expresión política del acusado, sino con el abuso de autoridad y la utilización de recursos estatales para financiar campañas anónimas que tienen el fin de intimidar o manipular la opinión pública.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal también explicó que el armado de videos bajo anonimato, desde la clandestinidad y solventado con dinero público vulnera la Ley de Ética Pública. Asimismo, precisó que Emiliano habría encargado la acción a dos asesores que dependían funcionalmente de él y ellos habrían utilizado fondos estatales para producir los videos.

Allí, dos excolaboradores suyos, Florencia Arias Bustamente y Javier Alonso Allemand, reconocieron el delito y fueron condenados en un juicio abreviado, que se realizó en la Justicia provincial salteña, según el medio citado.

Además, la defensa de Estrada manifestó una supuesta persecución política, aunque Amad refutó ese argumento al destacar la supremacía de las normas éticas para funcionarios públicos, que obligan a cualquier funcionario (electo o designado) a responder ante la Justicia en caso de malversación de fondos o abuso de funciones.

Actualmente, el imputado tiene la obligación de presentarse cada vez que sea notificado y la prohibición de entorpecer el avance de las pesquisas, como medida de coerción. En paralelo, la investigación tendrá un plazo de cincuenta días hábiles. En ese período, la fiscalía podrá ampliar pruebas y citar testigos.