Imputaron al empresario involucrado en la charla que se filtró con el exintendente de Alberdi

Se trata de Roque "Chipi" Giménez, un empresario inmobiliario conocido en la localidad. También solicitaron la prisión preventiva.
Por: #BorderPeriodismo

A partir de la difusión de un polémico audio protagonizado por el ex intendente de la localidad tucumana de Alberdi, Luis “Pato” Campos, y el empresario Roque “Chipi” Giménez, desde el Ministerio Fiscal solicitaron la imputación y prisión preventiva para este último y el juez aceptó todos los pedidos.

El escándalo salió a la luz el 5 de junio. En la conversación, ambos demostraron tener conocimiento sobre hechos delictivos tales como el narcotráfico, la venta de menores y hasta un robo millonario, que por ejemplo, se los atribuían al ex-Secretario de Hacienda de la localidad José Roldán. La charla fue grabada y luego filtrada a través de redes sociales.

El Ministerio Fiscal informó que no se sabe la fecha en la que ocurrieron los hechos que mencionaron, pero se estima que pudo haber sido entre el 18 de septiembre de 2024 y el 5 de junio de 2025.

La resolución actual

En la audiencia, que se realizó hace dos días, el auxiliar de fiscal Bernardo Sassi sostuvo que “se encuentran acreditados tanto la existencia de los audios como la participación del imputado en los mismos. Hay existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación”.

Además, el Ministerio Fiscal solicitó que la causa se declare como asunto complejo y también el requerimiento de la prisión preventiva por seis meses para Roque Cayetano “Chipi” Giménez, de 39 años, quien fue aprehendido el 12 de junio en un domicilio ubicado en calle Balcarce al 400, en San Miguel de Tucumán.
De esta manera, el juez interviniente resolvió hacer lugar a todos los planteos efectuados por la Fiscalía, lo que incluye la declaración de legitimidad de la aprehensión, la formulación de cargos y la imposición de medidas de coerción de máxima intensidad.

El empresario quedó imputado por los delitos de intimidación pública y atentado contra el orden público, en calidad de coautor y autor, respectivamente. La investigación se está llevando a cabo por la Unidad Fiscal Regional del Centro Judicial de Concepción, bajo la dirección de Mónica García de Targa.

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