Sergio Schoklender amplió su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos y aseguró que el exfuncionario Aníbal Fernández financiaba, a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, denuncias judiciales contra dirigentes del PRO.
Según declaró ante el Tribunal Oral Federal 5, el abogado Eduardo Barcesat habría impulsado un esquema para promover presentaciones judiciales contra funcionarios opositores durante los gobiernos kirchneristas.
Schoklender relató que Barcesat habló con Hebe de Bonafini “para que le transmita a Aníbal Fernández, que en aquella época monopolizaba el Ministerio del Interior, Justicia, era medio el dueño de todo...”.
En ese sentido, afirmó que Barcesat “la convenció a Hebe, que habló con Anibal y se armó un centro de investigación dentro de la universidad (de las Madres de Plaza de Mayo), que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a Barcesat, que tenía solamente la función de hacer nuevas denuncias contra algún funcionario del PRO”.
De acuerdo con los registros mencionados durante la audiencia, en 2008 —cuando Fernández se desempeñaba como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos— Barcesat fue designado profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.
Schoklender aseguró además que “ese era un subsidio fijo” y explicó que las declaraciones surgieron mientras detallaba las distintas fuentes de financiamiento que tenía la fundación.
Durante su exposición, también mencionó aportes provenientes del Ministerio de Trabajo destinados a complementar salarios de empleados vinculados al proyecto. “Nos manteníamos a pulmón”, afirmó. Luego, al referirse al financiamiento internacional, agregó: “De Chavez sí tuvimos aportes... Huguito. Alguno se perdió en el camino”.
El juicio oral comenzó en febrero, 15 años después de iniciada la investigación. La causa analiza presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos destinados al plan de viviendas sociales impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La acusación sostiene que entre 2008 y 2011 el Estado transfirió 748 millones de pesos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas, de los cuales 206 millones habrían sido desviados.
El proceso judicial está a cargo del Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, y también incluye un segundo tramo vinculado a presunto lavado de dinero mediante empresas de Sergio y Pablo Schoklender.
En declaraciones previas ante el tribunal, Schoklender había señalado que la fundación funcionaba como “un aparato militante del kirchnerismo” y sostuvo que los recursos eran utilizados para movilizaciones políticas y actos partidarios organizados por Madres de Plaza de Mayo.
