La planta potabilizadora Punta Lara – La Plata, considerada la mayor obra pública del segundo mandato de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, fue adjudicada a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) liderada por Benito Roggio, empresario procesado en la causa conocida como los "Cuadernos de las coimas". La adjudicación, por más de $11.000 millones, se concretó pese a que el propio Roggio declaró ante la Justicia haber pagado sobornos al kirchnerismo, en particular durante la gestión del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime.
La megaobra promete mejorar la provisión de agua potable para los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, donde el servicio se ve colapsado cada verano. Sin embargo, a la fecha, el servicio no solo no mejoró, sino que empeoró según denuncias de usuarios, auditorías técnicas y fuentes consultadas.
La licitación: empresa recomendada fue desplazada, y ganó Roggio
La obra, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), tuvo una licitación con la participación de diez oferentes. En un primer informe fechado el 28 de abril de 2021, se había recomendado adjudicar el contrato a la UTE conformada por DECAVIAL – CGGC (oferta N° 7). Sin embargo, esta propuesta fue finalmente desestimada por considerarse extemporánea. El Banco CAF y la Asesoría General de Gobierno bonaerense avalaron esa decisión al señalar que aceptar esa oferta violaría el principio de igualdad entre oferentes.
A pesar de que se trataba de un hecho público y judicializado, en ningún punto del proceso de evaluación se tomó en cuenta el procesamiento firme de Roggio por corrupción. El empresario fue aceptado como “arrepentido” en la causa de los Cuadernos y declaró haber pagado el 5% en coimas sobre los subsidios recibidos por su empresa Metrovías durante años. Su testimonio fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal, y próximamente irá a juicio.
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El proceso de selección omitió cualquier referencia al antecedente penal de Roggio. Según documentación revisada, esa omisión fue generalizada entre las áreas que intervinieron en la licitación, tanto en la administración provincial como en los organismos asesores.
El contrato inicial fue aprobado por un monto de $5.537.470.275,75 a valores de junio de 2020. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, fue actualizado a $6.247.374.835,22. Actualmente, la obra supera los $11.000 millones.
El financiamiento está a cargo del CAF, que ha emitido advertencias sobre irregularidades vinculadas al principio de igualdad en el proceso licitatorio.
Obra en marcha, sin mejoras en el servicio
Aunque los trabajos en la planta potabilizadora avanzan, el servicio de agua en la región no ha mostrado mejoras y, según fuentes técnicas, ha empeorado. Vecinos reportan baja presión, cortes prolongados y deficiencias en la calidad del agua, lo que refuerza la percepción de ineficiencia en la gestión de la empresa estatal Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).
Especialistas indican que el problema central no está en la producción de agua, sino en la red de distribución: cañerías obsoletas, algunas con más de 50 años de antigüedad, pérdidas de hasta el 50% del caudal, falta de mantenimiento preventivo y ausencia de un plan director. A ello se suma la disolución del organismo de control del agua OCABA, que dejó a la actual Autoridad del Agua (AdA) sin capacidad efectiva de fiscalización.
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Con tarifas que no cubren los costos operativos y un déficit financiero crónico, ABSA depende de subsidios estatales y carece de autonomía para ejecutar mejoras estructurales. Tal como informó #BORDER, para financiarse la empresa recurre a intimaciones masivas por presunta falta de pago a usuarios que casi no cuentan con un servicio continuo y de calidad. La obra de Punta Lara, lejos de resolver los problemas de fondo, expone las limitaciones estructurales del sistema hídrico provincial.
La obra de la planta potabilizadora de Punta Lara, presentada como una solución estructural a décadas de problemas en la provisión de agua potable en el Gran La Plata, quedó en manos de un empresario procesado por corrupción y rodeada de opacidad administrativa. Mientras tanto, la red de distribución continúa deteriorada, el servicio no mejora, y la empresa estatal depende de subsidios para sostenerse. El proyecto, lejos de representar un salto de calidad en las políticas hídricas de la provincia, refleja viejos problemas de gestión, discrecionalidad en la obra pública y falta de transparencia.
Emergencia de obra pública y reclamos contra el gobierno nacional
En paralelo, el gobernador Kicillof anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en la provincia. Acompañado por Katopodis y el ministro de Economía Pablo López, sostuvo que “el estado de abandono por la paralización está generando accidentes en las rutas, pérdidas para el erario público y deterioro en el bienestar de los bonaerenses”.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario criticó al gobierno de Javier Milei por el freno total de la obra pública nacional. “Nunca en la historia argentina hubo un parate de dos años en todas las obras de orden nacional”, señaló, y aseguró que la provincia ya presentó cinco reclamos ante la Corte Suprema por deudas que, según el gobierno bonaerense, ascienden a $12 billones.
Kicillof pidió una reunión formal con el presidente Milei y advirtió: “Vamos a hacer todos los esfuerzos para que cumpla con sus obligaciones y, en caso de que insista en no hacerlo, que al menos no impida que nosotros podamos hacernos cargo de las obras”.
Katopodis, por su parte, remarcó que la gestión nacional “no solo no activa las obras, sino que tampoco transfiere la jurisdicción para que podamos finalizarlas desde la provincia”. También denunció que el Gobierno nacional “lleva más de 600 días sin hacer un solo kilómetro de ruta”.
