El presupuesto del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires cayó a su mínimo histórico en 2024, alcanzando apenas el 3,22% del total provincial. Según datos de la Suprema Corte bonaerense a los que accedió #BORDER, la gestión de Axel Kicillof consolida una tendencia decreciente desde 2019, en un contexto de creciente malestar por la situación del sistema de justicia.

Un informe elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reveló que en 2024 el Poder Judicial recibió solo el 3,22% del presupuesto provincial total, el nivel más bajo desde al menos 1995. Esta cifra se desprende de una tabla pública disponible en la web oficial del máximo tribunal bonaerense, que analiza la evolución presupuestaria del sistema judicial en los últimos 30 años.

Los datos muestran que, si bien en los años 90 y principios de los 2000 la asignación para la Justicia alcanzó picos cercanos al 6%, como ocurrió en 2002 con un 5,84%, en los últimos años se observa un retroceso constante. La caída es notoria desde 2019, coincidiendo con el inicio de la gestión de Axel Kicillof al frente del Ejecutivo provincial.

El presupuesto judicial para 2024, autorizado por el Decreto 12/2024, asciende a 262.735 millones de pesos. Sin embargo, este monto representa apenas un 3,22% del total de recursos provinciales, una proporción que contrasta con el 3,93% registrado en 2021, el 3,84% en 2022 y el 3,72% en 2023.

Falta de prioridad y críticas al sistema

Aunque recientemente comenzaron a cubrirse algunas vacantes judiciales, el gobierno de Kicillof no ha tenido a la Justicia entre sus principales prioridades. De hecho, en sus discursos ante la Asamblea Legislativa, el mandatario evita referencias al Poder Judicial bonaerense, que es el segundo más grande de Sudamérica después del de San Pablo, Brasil.

Desde su llegada al poder, uno de los objetivos políticos de Kicillof fue desplazar al procurador general provincial Julio Conte-Grand, ligado a la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Más allá de esa intención, la relación con la Suprema Corte fue institucional pero distante, sin señales de una reforma profunda ni de inversiones sustanciales.

El deterioro presupuestario ocurre en un contexto crítico: largas demoras en la resolución de causas, decenas de cargos judiciales vacantes, bajos salarios para trabajadores del sector, y reclamos por el uso excesivo de prisiones preventivas. A esto se suma una creciente percepción negativa de la ciudadanía hacia la Justicia provincial, que según distintas encuestas supera el 78% de imagen negativa, llegando hasta el 84% en índices de desconfianza.

Una deuda pendiente

A pesar de las crecientes críticas, la gestión bonaerense no parece tener en agenda una política integral para mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Con indicadores en rojo y una percepción social cada vez más deteriorada, el presupuesto judicial se convierte en otro punto de tensión en la administración de Kicillof.

El régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económica-financiera ha sido largamente reclamado por la Suprema Corte: en octubre de 2014 se envió un proyecto sobre esta materia al Ministerio de Justicia, el que de inmediato tomó estado parlamentario. Por su parte en julio del año 2015 se remitió un texto actualizado del proyecto para posibilitar su aplicación a partir del año 2017. Desde entonces han sido variadas las gestiones realizadas por el Tribunal tendientes a impulsar el tratamiento del proyecto.

En diciembre de 2020 la Suprema Corte de Justicia solicitó que se impulse y sancione el proyecto de Ley del Tribunal regulando la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, así como también la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de sus agentes. Nada de eso ocurrió.

La evaluación actual de los recursos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires está condicionada por la inexistencia de una ley de presupuesto (el decreto provincial 12/2024 dispuso la prórroga del presupuesto 2023 para el corriente ejercicio 2025) y al contexto de inestabilidad macroeconómica que enfrenta el país.