La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos el expediente 38/2026, una causa que expone una presunta falla estructural en el Poder Judicial de Santiago del Estero. La presentación, impulsada por los letrados Francisco Alberto Cavalotti y Luciano Antonio Pavan, denuncia una "violación sistemática" del sistema republicano de división de poderes y del principio del juez natural.
Las irregularidades son denunciadas desde hace, al menos, una década, aunque la situación llamó la atención de todos los portales del país en medio del escándalo AFA. Es que el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y el ex gobernador santiagueño Gerardo Zamora son acusados de construir una red de favores políticos y judiciales para hacer presuntos negocios en la provincia, como la usurpación de campos organizada.
El eje del conflicto en el expediente, que se presentó en febrero de este año, es el artículo 191 de la Constitución Provincial, que regula la designación de magistrados. Según este precepto, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) solo puede nombrar jueces provisorios por un plazo máximo de 60 días mientras se sustenta el concurso ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, la denuncia sostiene que, desde 2018, el STJ ha omitido comunicar vacantes y ha prorrogado de forma indefinida nombramientos "provisorios" que hoy carecen de sustento legal.
DENUNCIA ANTE LA CORTE SUPREMA a la justicia de Sgo del Estero by Franco Mazzeo
Sentencias nulas: el posible impacto
La gravedad del planteo radica en que, al haber vencido los plazos constitucionales de sus nombramientos, estos funcionarios habrían perdido su jurisdicción "de pleno derecho". Esto tornaría nulas de nulidad absoluta e insanable todas las sentencias y actos procesales dictados por ellos, entre ellas las que favorecieron presuntamente a Toviggino y Zamora.
En el expediente se citan casos concretos, como el de magistrados que dictaron sentencias en 2023 o 2025 bajo designaciones provisorias que databan de 2019 o 2021, excediendo largamente el límite de dos meses que impone la Carta Magna local. Según los denunciantes, estos funcionarios ya no son "jueces en sentido propio", sino ciudadanos ejerciendo una autoridad usurpada, lo que encuadraría en delitos previstos en el Código Penal.
Recusaciones en la cúpula judicial
El caso también ha salpicado a los máximos niveles del Poder Judicial santiagueño. Se han presentado recusaciones contra vocales del Superior Tribunal, como los doctores Eduardo López Alzogaray, Eduardo Llugdar y Ana Rosa Rodríguez. Se les cuestiona un "interés directo" en la causa, ya que ellos mismos son quienes firmaron las designaciones irregulares, y un "interés indirecto" por vínculos familiares con magistrados cuya estabilidad depende de que se mantenga este sistema.
Además, se señala una situación de prejuzgamiento, dado que estos ministros han sostenido durante años la postura de no convocar a concursos, validando tácitamente la precariedad que ahora se denuncia.
La mirada de la Corte Nacional
El planteo invoca jurisprudencia clave de la Corte Suprema de la Nación, como los fallos "Uriarte" y "Alespeiti", donde el máximo tribunal nacional estableció que la designación irregular de magistrados vulnera la garantía del juez natural y afecta la confianza pública en la administración de justicia.
Mientras la Corte Suprema de la Nación analiza la "Cuestión Federal" y la gravedad institucional denunciada, el sistema judicial de Santiago del Estero permanece bajo una sombra de incertidumbre. El silencio del tribunal nacional es seguido de cerca no solo por el ámbito jurídico, sino también por el poder político, dado que una resolución favorable a la denuncia obligaría a una reorganización profunda del Poder Judicial provincial y a la revisión de miles de causas judiciales.
