En una nota enviada al Senado, las organizaciones que representan a las pymes solicitaron la eliminación de varios artículos para evitar complicaciones jurídicas.

“El artículo modificatorio de la ley de negociación colectiva vigente desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral", planteó el texto.

Y continuó: "Además de resultar incompatible con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios internacionales de la OIT, al introducir una regresión injustificada en derechos laborales consolidados, y cuya consecuencia será generadora de mayor imprevisibilidad y conflictos”.

Las tres entidades aseguraron que el artículo 128 veta los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias mientras preserva los de los sindicatos, por lo que ven esa medida como desigual y discriminatoria,

En cuanto a los artículos 130 y 131, criticaron que se prioricen los convenios por empresa sobre los sectoriales. Para la organización, esto introducirá disparidades salariales injustificadas y vulnerará el principio de igual paga por igual labor.

Finalmente, el artículo 132 fue criticado por otorgar al Estado la potestad de suspender convenios colectivos por motivos amplios como “distorsiones económicas graves” o “interés general”.

Las cámaras advirtieron que esta facultad discrecional añade un elemento de imprevisibilidad que perjudica la planificación tanto de empresas como de empleados.

Según manifestó el titular de la CAME, Ricardo Diab, en declaraciones radiales, está de acuerdo con la iniciativa “en líneas generales y siempre y cuando no vulnere ningún derecho al trabajar”.