La Corte Suprema de Justicia decidió dejar firme la reforma jubilatoria impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri, respaldando la constitucionalidad de la Ley 27.426, vigente desde 2018. Esta norma había generado fuertes protestas sociales en 2017, cuando se debatía en el Congreso y se arrojaron toneladas de piedras por parte de los manifestantes.

El reclamo judicial fue presentado por Miguel Ángel Fernández Pastor, ex director de ANSES, quien exigió que se declare inconstitucionales los artículos 1, 2 y 3 de la ley, que establecen el cálculo y la movilidad de los haberes previsionales. Sin embargo, la Corte revirtió una sentencia previa que había declarado inconstitucional el artículo 2.

El tribunal fundamentó su fallo señalando que la Constitución garantiza la movilidad de las jubilaciones, pero no obliga a un sistema único, dejando a los legisladores la facultad de establecer las reglas. En ese sentido, explicó que "cambiar un sistema de movilidad por otro no es inconstitucional".

Además, la Corte aclaró que la ley debe aplicarse de manera inmediata y sin efecto retroactivo, por lo que no se vulneraron derechos adquiridos. Esto se debe a que el derecho a un aumento previsto por la ley anterior no se había concretado cuando entró en vigencia la nueva fórmula en 2018.

Por último, el máximo tribunal rechazó las críticas contra el índice de reajuste previsto en la ley, argumentando que no se demostró que afecte el haber previsional ni que implique un congelamiento de los mismos.