En medio de la creciente exposición mediática que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un nombre comenzó a resonar con fuerza propia: el de su escribana, Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, quien deberá presentarse el próximo miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita para dar explicaciones sobre una serie de operaciones inmobiliarias.
Según informó el periodista Héctor Gambini del diario Clarín, no será la primera vez que Nechevenko atraviese los pasillos de Comodoro Py. Más de una década atrás, su nombre ya había aparecido en un expediente de alto perfil: un megajuicio contra una organización narco que utilizaba laboratorios fantasma para importar efedrina bajo supuestos fines farmacéuticos.
La escribana fue quien certificó la compra de dos propiedades de Adorni: una casa en el country Indio Cua, adquirida en noviembre de 2024, y un departamento en Caballito, escriturado un año después con un valor declarado por debajo del precio de mercado.
Para concretar esta última operación, el funcionario habría recurrido a dos préstamos no bancarios de 100.000 dólares cada uno, otorgados por mujeres de 64 y 72 años. Sin embargo, al ser consultadas por periodistas, una de ellas aseguró no conocer a Adorni, mientras que la otra no pudo ser ubicada y quien respondió en su domicilio también negó cualquier vínculo.
El negocio de la efedrina
Pero su historial profesional suma capítulos más complejos. Entre 2007 y 2008, su firma figura en múltiples expedientes presentados ante la Sedronar para autorizar la importación de efedrina desde la India. Detrás de esos trámites estaba una red integrada por Guillermo Manfredi, Josué Fuks y Alfredo Abraham, quienes operaban a través de la firma Farmacéuticos Argentinos S.A. (FASA o DROFASA).
En apenas 10 meses, la organización importó cerca de 9.800 kilos de efedrina, una cifra que superaba ampliamente la demanda local. Parte de ese excedente terminaba en circuitos ilegales vinculados a la producción de metanfetaminas.
Durante el juicio oral, el 28 de marzo de 2014, Nechevenko reconoció haber trabajado con algunos de los implicados durante “varios años”. Según fuentes judiciales, su rol consistía en certificar firmas y participar en la constitución de sociedades utilizadas como pantalla para multiplicar las importaciones.
Uno de los nombres que surgió en ese proceso fue el de Guillermo Ascona, un hombre de bajos recursos que figuraba como importador de grandes volúmenes de efedrina. La Justicia determinó que se trataba de un testaferro, cuya firma también fue certificada por la escribana. Sin embargo, al ser consultada en el juicio, Nechevenko dijo no recordar ni su nombre ni su apariencia.
El negocio de la efedrina en Argentina tuvo un abrupto freno en 2008, tras el asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cuerpos aparecieron en General Rodríguez. La investigación apuntó a conexiones con carteles mexicanos y al financista Ibar Pérez Corradi, quien mantenía vínculos telefónicos con integrantes de la red.
El fiscal de aquel juicio fue Diego Luciani, quien años más tarde acusaría a Cristina Kirchner en la causa por la obra pública. En su alegato, describió cómo los imputados operaban a través de droguerías y prestanombres para sostener el circuito de importación ilegal.
Nechevenko declaró entonces como testigo. Los principales involucrados fueron condenados por narcotráfico por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4. Entre ellos, Alfredo Abraham recibió 11 años de prisión, mientras que otros miembros de la organización también fueron sentenciados. Josué Fuks, considerado una pieza clave, permanece prófugo hasta hoy.
