El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitaron adherirse al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”, según publicó el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación a partir de registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De acuerdo con la documentación oficial, Angeletti realizó el trámite el 31 de mayo. La constancia, vigente hasta el 9 de julio, indica que pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. El régimen permite declarar ingresos y activos que no habían sido exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.
Según la información difundida, Adorni también solicitó ingresar al régimen simplificado de Ganancias habilitado por la misma normativa. La adhesión se concretó en la antesala de la presentación de su declaración jurada, un documento que es seguido de cerca en el marco de la investigación judicial que enfrenta.
La Ley 27.799 establece un mecanismo de regularización para contribuyentes que desarrollaron actividades en la economía informal. Quienes se incorporan al sistema deben actualizar sus declaraciones y obligaciones fiscales, aunque quedan exentos de consecuencias penales vinculadas a las irregularidades regularizadas.
La situación adquiere relevancia por el rol político de Adorni, uno de los principales voceros de la gestión de Javier Milei en temas vinculados con la transparencia, la austeridad estatal y el control del gasto público. En ese contexto, la regularización fiscal de su esposa genera interrogantes sobre la consistencia entre el discurso oficial y la situación patrimonial del entorno familiar del funcionario.
Por su parte, Angeletti figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017, bajo el rubro “actividades profesionales, científicas y técnicas”, y durante años estuvo inscripta como monotributista. Sin embargo, recién en octubre de 2025 formalizó su inscripción en IVA y Ganancias, cuando Adorni ya ocupaba un cargo de alta exposición pública y ambos integraban el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
De acuerdo con datos de ARCA, la esposa del jefe de Gabinete está categorizada como autónoma T2 y presentó la adhesión al régimen el 31 de mayo. No obstante, la constancia no detalla montos ni activos regularizados, información que permanece protegida por el secreto fiscal.
La Justicia sigue de cerca estos movimientos mientras aguarda la presentación de la declaración jurada de Adorni. Según reconstruyó LA NACION, la familia ya había sido objeto de investigaciones por su patrimonio, propiedades y operaciones financieras. Consultado por el medio sobre la situación fiscal de su esposa, el funcionario no realizó comentarios.
En la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramitan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se analizan operaciones inmobiliarias, gastos y movimientos financieros atribuidos al matrimonio. Entre ellos figuran la compra de inmuebles mediante pagos en efectivo e hipotecas privadas, refacciones abonadas en dólares, viajes al exterior y consumos con tarjetas de crédito que, según la investigación periodística, superaron los $85 millones durante 2025.
