El fiscal Mario Villar solicitó al Tribunal Oral Federal 2 que avance con la ejecución de bienes de Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y los demás condenados por la causa Vialidad, desestimando así el intento de la ex presidenta de trasladar la ejecución de bienes decomisados al fuero Civil y Comercial.

Villar aseguró que "el decomiso busca eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas de manera ilícita, que podrían incentivar nuevos delitos". Por ende, pidió que el trámite continúe como está en su dictamen enviado a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La defensa de la ex presidente, en su estrategia para dilatar el proceso, cuestionó el monto fijado por la Justicia de más de 500 millones de dólares y también el método utilizado por los peritos para arribar a esa cifra.

Pero el fiscal argumentó que la suma que se exige corresponde a la "manipulación ilícita de los procesos licitatorios investigados y sobre la base de los sobreprecios plasmados en las adjudicaciones de los contratos de obra pública".

Villar consideró que el planteo de Cristina Kirchner de llevar el caso al fuero Civil y Comercial no corresponde, ya que el decomiso no tiene como concepto una indemnización o resarcimiento civil, sino que es una herramienta del Estado para recuperar bienes ligados a actividades ilícitas. Por eso, insistió en que el proceso debe permanecer en el ámbito penal de Comodoro Py.

La semana pasada, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se avance sin demoras en la ejecución de veinte inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner, pero el TOF 2 aguardará la resolución de Casación antes de tomar una decisión.

La ex presidente había cuestionado el método utilizado por los peritos de la Corte para definir la cifra, al sostener que el decomiso total debía ser de sólo 42.000 millones de pesos, según los cálculos de sus técnicos.