El juez federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En su fallo, el magistrado sostuvo que el protocolo, formalizado a través de la Resolución 943/23, carece de validez jurídica al no cumplir con los requisitos básicos para ser considerado un acto administrativo legítimo. “Se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1ero de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7mo de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”, afirmó Cormick.
Asimismo, el juez remarcó que la nulidad del protocolo no impide el avance de eventuales responsabilidades individuales derivadas de su implementación. En ese sentido, señaló que “las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado Protocolo -Resolución 943/23, deberán -de modo individual- denunciar ante la Justicia en lo Penal quien actuara acorde a las competencias que la ley le otorga”.
Tras conocerse la resolución judicial, el CELS destacó el alcance institucional del fallo y subrayó que establece límites claros a la actuación del Poder Ejecutivo. “La sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”, expresó el organismo en un comunicado difundido en la red social X.
Desde la entidad explicaron además que el magistrado consideró que la resolución avanzó sobre facultades que exceden las atribuciones del Ministerio.
Según indicaron, “el juez sostuvo que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle ‘instrucciones a la policía’, la resolución se excede tanto que llega a modificar las leyes penales y orgánicas de la policía porque también modifica leyes procesales”.
En esa línea, agregaron que “el Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”.
El fallo también generó reacciones en el ámbito sindical. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo en X que “una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla”, y celebró la decisión judicial como “un gran avance contra la represión”.
UN FALLO QUE DEBIÓ HABER LLEGADO ANTES!!
SIEMPRE TUVIMOS RAZÓN: son los vestidos de azul, la Policía, los que tienen que caminar por la veredita. Una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla. LOS MINISTERIOS NO PUEDEN… https://t.co/JSRA2msd2u
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) December 29, 2025
Además, afirmó que “comienzan restablecerse las garantías constitucionales y se pone límite al autoritarismo extremo del Gobierno”, aunque cuestionó la demora judicial y advirtió que, de haberse actuado antes, “se hubieran evitado más de 1400 heridos en las manifestaciones”.
El protocolo antipiquetes tuvo su última aplicación a mediados de diciembre, durante la movilización de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, cuando Alejandra Monteoliva ya se encontraba al frente de la cartera de Seguridad
Sin embargo, aún continúa en trámite una causa vinculada a su utilización, que investiga los hechos ocurridos en la marcha del 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo resultó herido tras recibir el impacto de un tubo de gas lacrimógeno en las inmediaciones del Congreso.
