La Justicia fijó para el próximo 26 de agosto el inicio del peritaje sobre los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro del organismo.

La decisión fue adoptada por el juez federal Ariel Lijo, quien resolvió avanzar con la medida pese a que Spagnuolo rechazó aportar una muestra de su voz. El análisis había sido programado inicialmente para el 22 de julio, pero fue postergado.

El objetivo de la pericia será establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones en las que se menciona el presunto pago de sobornos y sobreprecios, audios que tomaron relevancia durante la investigación por supuestas irregularidades en la ANDIS.

Los especialistas deberán determinar si los archivos presentan ediciones, cortes o manipulaciones posteriores, además de verificar si fueron alterados mediante herramientas de inteligencia artificial, como sistemas de clonación o síntesis de voz.

A través de su defensa, Spagnuolo ratificó que no entregará una muestra de voz al considerar que esa medida vulnera la garantía constitucional que impide obligar a una persona a declarar contra sí misma.

Frente a esa negativa, el fiscal Franco Picardi propuso utilizar como material de comparación cuatro entrevistas públicas que el exfuncionario concedió a Border Periodismo, Neura, La Nación+, Border y El Observador. Además, la fiscalía sostuvo que las grabaciones no dieron origen a la investigación ni fueron utilizadas para fundamentar la acusación o solicitar los procesamientos de Spagnuolo y del resto de los imputados.

Hasta el momento, cerca de 20 personas fueron procesadas, entre ellas el exdirector del organismo. En los audios incorporados al expediente se escucha una voz atribuida a Spagnuolo hacer referencia a modificaciones en los porcentajes de supuestas coimas, al circuito del dinero y al posible destino de esos fondos.

Lijo rechazó el planteo de la defensa para evitar el peritaje y ordenó continuar con la medida aun sin la colaboración del imputado. El magistrado consideró contradictoria la postura de los abogados, quienes por un lado cuestionaron la autenticidad de las grabaciones y, por otro, solicitaron la intervención de un perito de parte.