En el marco de la investigación judicial que lo tiene como principal imputado, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue autorizado a salir del país para participar de compromisos internacionales vinculados a la Conmebol y la FIFA.
La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien la semana pasada había procesado al dirigente en una causa por presunta evasión de impuestos y aportes patronales por más de 19.000 millones de pesos.
El cronograma de viajes incluye su presencia en Luque, Paraguay, entre este miércoles y el viernes, y luego en Quito, Ecuador, del 23 al 26 de abril. Allí participará de reuniones de trabajo vinculadas a los “Fondos Evolución” y del Congreso Ordinario N° 82 de Conmebol, organismo del que es vicepresidente. Posteriormente, se trasladará a Vancouver, Canadá, entre el 29 de abril y el 1° de mayo, para asistir al 76° Congreso de la FIFA.
Al fundamentar la autorización, Amarante sostuvo que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas”. A diferencia de una solicitud previa —que había sido rechazada por falta de precisiones—, en esta ocasión el titular de la AFA presentó invitaciones formales y detalles sobre los lugares de alojamiento.
También informó que el viaje a Paraguay se realizará en un avión privado de la empresa Baires Fly, firma que se encuentra bajo investigación en otra causa por presunta facturación irregular vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
No obstante, el magistrado consideró que “la petición aparece acotada, concreta y susceptible de control” y que “no interfiere con ningún acto procesal pendiente que requiera su presencia”. Además, se mantuvo la caución de 30 millones de pesos ya depositada en autorizaciones anteriores.
En paralelo, el frente judicial continúa complicando la situación del dirigente. Este martes, la Cámara en lo Penal Económico resolvió mantener abierta la causa en su contra, rechazando un recurso presentado por su defensa. La investigación, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a determinar si existió una evasión de 19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
