La Justicia avanzó en una causa de alto impacto que pone bajo la lupa a la conducción del fútbol argentino. El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la entidad y de clubes afiliados.
La acusación fue presentada ante el juez Diego Amarante y se focaliza en el presunto incumplimiento en el pago de contribuciones a la seguridad social por un monto que, según la denuncia, supera los $19.000 millones.
Según informaron fuentes judiciales, el expediente se inició tras una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que detectó que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin efectuar el depósito correspondiente dentro de los plazos legales.
El fiscal encuadró la conducta investigada en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones. En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su condición de presidente de la AFA y responsable de la administración de la clave fiscal de la entidad.
Además, el fiscal consideró que, por la magnitud de la estructura económica de la AFA y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la pesquisa a otros dirigentes y actores vinculados al entramado societario que rodea a la asociación.
En ese marco, mencionó a Cristian Ariel Malaspina y a Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la investigación, tendrían vínculos con el tesorero Pablo Toviggino.
La imputación por los aportes previsionales no es el único frente judicial que enfrenta la cúpula de la AFA. En los últimos días se abrieron al menos tres causas que comprometen a Tapia y a su entorno por presuntas irregularidades financieras, con investigaciones que podrían derivar en procesamientos si se comprueba la existencia de delitos.
En paralelo, avanza otra causa sensible vinculada a la compra de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar, que habría sido adquirida a través de presuntos testaferros relacionados con dirigentes de la entidad. En ese expediente, el juez federal Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas para profundizar la investigación.
Entre las disposiciones, se incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad en las inmediaciones del inmueble, con el objetivo de detectar movimientos inusuales previos al allanamiento, como el traslado de vehículos de alta gama o incluso caballos, un dato que despertó la atención de los investigadores por las características de la estancia.
