La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y dejó sin efecto el decreto del presidente Javier Milei que había suspendido su aplicación. La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, y obliga al Ejecutivo a implementar de manera inmediata los aumentos salariales y de becas previstos en la norma.

En su fallo, el magistrado consideró que existe un deber jurídico claro por parte del Estado de ejecutar la ley, tras el proceso legislativo que incluyó el veto presidencial y la posterior ratificación por parte de ambas cámaras del Congreso con la mayoría requerida. Según señaló, esa insistencia legislativa debe prevalecer frente a cualquier intento de suspensión administrativa, ya que la Constitución Nacional no contempla una alternativa de ese tipo.

Cormick remarcó que el impacto del ajuste salarial en el sistema universitario excede el plano estrictamente económico. En ese sentido, sostuvo que “el deterioro salarial tiene una incidencia no sólo sobre el colectivo demandante sino sobre el efecto de su trabajo —esto es, una afectación del Derecho a enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Nacional—”.

El juez también evaluó el argumento fiscal utilizado por el Ejecutivo para justificar el decreto y lo relativizó. Según expresó en los fundamentos, “la no concesión de la medida implicaría a priori y en el estado larval del proceso, un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la Administración Pública Nacional”.

La acción judicial se inició luego de que el Gobierno suspendiera la aplicación de la ley mediante un decreto, pese a que el Congreso había ratificado la norma tras el veto presidencial. En ese marco, el magistrado cuestionó que el Ejecutivo haya respaldado su decisión en la ley 24.629, que exige financiamiento específico para nuevos gastos, al considerar que una norma de menor jerarquía no puede imponerse sobre un mandato constitucional explícito.

Además, Cormick descartó que la implementación de la ley genere consecuencias irreversibles para las cuentas públicas. Aclaró que la medida es de carácter transitorio y que podrá ser revisada en función del debate presupuestario en curso. También señaló que la suspensión del decreto respeta el principio de división de poderes y se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva, con una caución juratoria como garantía.

La Ley 27.795 tiene como objetivo garantizar la continuidad y el sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales disposiciones se encuentran la actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la recomposición salarial de docentes y no docentes con carácter remunerativo y bonificable, la convocatoria obligatoria a una paritaria nacional con ajustes mensuales no inferiores a la inflación y el fortalecimiento de los programas de becas destinados a estudiantes en situación de vulnerabilidad.